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domingo, 3 de junio de 2018

UNA VISIÓN DE PATRIA GRANDE


Colectivo Político Carpani

Nuestros países latinoamericanos se encuentran en caída libre, tanto desde el aspecto institucional y la estabilidad política, como, especialmente, de sus economías. Después de más de una década de ciclo nacional democrático, mediante un proceso veloz de demolición de la Patria Grande y de imposición de políticas económica procíclicas, en el lugar de las anticíclicas que, en líneas generales, se ensayaban. El regreso del denominado neoliberalismo no es otra cosa que la imposición de la vieja intención de recolonización imperialista de los Estados Unidos y el poder financiero occidental, de control geopolítico de los gobiernos, y sobre los recursos económicos, naturales -hidrocarburos, agua, minería- y de fuerza de trabajo de los pueblos.
La desintegración de nuestra América es la reproducción ampliada de la destrucción de las regulaciones estatales en la mayoría de nuestros países, con la excepción de Bolivia, Venezuela, Nicaragua y Cuba. Reflejo del caos nacional en Argentina y Brasil, particular pero no únicamente, no hay, actuamente, ningún organismo supranacional con legitimidad suficiente desde donde acumular fuerzas a favor del interés nacional latinoamericano. La UNASUR y la CELAC han sido vaciadas, el MERCOSUR cuestionado en su fundamento principal con la exclusión de Venezuela y su injustificado giro hacia la Alianza del Pacifico y el forzado acuerdo, aún no concretado, de libre comercio con la Unión Europea. Hasta la OEA es inútil en este panorama, la que parece haber caído por el barranco de la historia sin retorno. Para colmo, la última Cumbre de las América fracasó en un lánguido bostezo que solo sirvió para los intereses de Estados Unidos, con control a distancia porque su presidente ni se tomó la molestia de viajar. Así, emergió un fantasmal Grupo de Lima, con la única finalidad de ser punta de lanza en la agresión planificada y sostenida por los Estados Unidos contra el país bolivariano, con sus promesas de violencia y guerra. Desde la invasión a Panamá en 1989 de tropas estadounidense, con más de 3.000 muertos, que no había una amenaza directa igual.
Además, una nueva doctrina de seguridad militar se impone desde los Estados Unidos: la militarización de favelas en Brasil, la amenaza de intervención militar directa o indirecta sobre Venezuela, y el reciente anuncio de una base “humanitaria” en la provincia de Neuquén, son parte de esa estrategia de dominio geopolítico imperial.
Ya no se trata de la imposición de un modelo de fragmentación, bajo el lema de dividir para reinar, o la integración para la dominación del panamericanismo de los años 1960 revivido en los 1990 con el Consenso de Washington, sino de un escenario de caos sin dirección aparente ni visible. Se trata de una mutación del tipo de dominación imperialista en la región. El predominio del poder financiero es un proceso histórico que tuvo su origen en las dictaduras del cono sur, y el despliegue de una estrategia imperialista con base en la opresión brutal de los pueblos, el sometimiento de sus fuerzas armadas -con la excepción de Venezuela, de donde saldría el militar antiimperialista Hugo Chávez- y el mecanismo financiero de la deuda externa y fuga de capitales,
Latinoamérica está siendo sometida entera a un nuevo experimento imperial, en el que toda expresión del estado nación como lo conocemos, es objeto de destrucción, con la finalidad de crear un escenario de tierra arrasada y poblaciones debilitadas para ser sometidas al capricho depredador de la especulación financiera. Sin industrias, ni mercados internos, trabajadores, campesinos, comunidades y, especialmente, sin ningún tipo de regulación, o sea la destrucción de los vínculos comunitarios y solidarios de base, y del estado.
El escenario de México es un testimonio de ello, con más de 100 políticos asesinados y de 2000 militantes sociales, tan solo este año, en el cual habría elecciones presidenciales y las encuestas dan todas ganador a Andrés Manuel López Obrador, del partido significativamente llamado Movimiento de Regeneración Nacional. Habrá que seguir el desarrollo del conteo de votos y la relación de fuerzas para llevar a cabo el plan de gobierno que promete, de recuperación del petróleo, defensa del trabajo, la tierra y el capital nacional. Alguna vez lo calificamos de la etapa superior del neoliberalismo por ser el lugar donde el acuerdo regional de libre comercio había desarrollarse con el NAFTA a diferencia de sudamérica, en donde el ALCA fracasó. Nuestros países tejen y destejen la historia de la Patria Grande sin lograr alcanzar la realización de la obra completa de un destino nacional común, mientros batimos entre un destino de patria grande o la frustración de ser una gris factoría financiera. ¿Puede Latinoamérica, sin costo alguno, ir a la deriva en el océano hostil y ajeno, sin dirección propia?
II.
Mientras los regímenes neoliberales de raíz semicolonial, están en caída libre; al menos hasta que no consoliden un sistema político de dominación. El problema es que, de no surgir una alternativa latinoamericanista, la caída arrastrará a todos los pueblos del continente. Es imprescindible mantener una visión de Patria Grande, en el medio del derrumbe. La recuperación de una senda de soberanía nacional latinoamericana es estratégica. El ya antiguo eje Buenos Aires-Brasilia-Caracas, a partir del cual se articulaba la alianza sudamericana, se ha quebrado pero aún resiste: la resistencia a la reinserción de Argentina en el FMI, el destino político de Lula y el triunfo electoral del Chavismo en Venezuela, son hechos políticos de cuyo desenlace depende el futuro inmediato sudamericano, a lo que se le suma la aparición política del progresismo colombiano que desafía a los rancios conservadores que se jactan del ingreso de Colombia a la OTAN. El triunfo del Chavismo en Venezuela es una muestra de la voluntad de autodeterminación de su pueblo organizado, a la vez que Evo Morales se sostiene con base en una amplia alianza social de base popular. Justamente, el líder boliviano fue quien, en la Cumbre de los Américas, alzó su voz para decir que el capitalismo es el peor enemigo de la humanidad y que la principal amenaza contra la paz es Estados Unidos. Y que no es tiempo de invasiones sino de integración. Un mensaje de esperanza y una visión de Patria Grande.
1 de junio de 2018.


jueves, 14 de julio de 2016

Bases para el movimiento nacional frente a la nueva contrarrevolución

A partir del ciclo abierto en diciembre de 2015, los argentinos estamos padeciendo el reverso de los últimos doce años, prolongando en el siglo XXI la sucesión de revolución y contrarrevolución presente en toda nuestra historia. Las medidas económicas y políticas tomadas nos indican que el imperialismo financiero ha tomado nuevamente el control del estado y el país, aliado al sector agroexportador. 
El Banco Central ha vuelto a ser el “rey del país” como alertaba Scalabrini Ortiz en 1956 frente a la dictadura de Aramburu, con la actual política de Sturzenegger de poner el crédito, la moneda y el tipo de cambio al servicio de la especulación financiera y en contra de la producción industrial, el mercado interno y el trabajo. La relación amistosa con el Fondo Monetario Internacional y “el buitre entre los buitres” Paul Singer, nos confirma este pésimo escenario, mientras se acentúa el giro hacia el seguidismo de la política exterior de los Estados Unidos. Frente a este regreso a la dependencia económica y a las políticas de ajuste y desigualdad social, los sectores de trabajadores han iniciado inmediatamente la protesta y resistencia. Las diferentes movilizaciones sindicales y sociales, entre las que cuentan las masivas del 24 de marzo, del palacio de Comodoro Py y la del movimiento obrero del último 29 de abril, son todas manifestaciones de la contradicción fundamental que divide las aguas en los países dependientes como el nuestro, entre el movimiento nacional y el bloque oligárquico imperialista.
El movimiento nacional, hoy.
Se habla de la necesidad de unidad en la acción, de avanzar hacia un amplio frente político y que la columna vertebral debe ser el movimiento obrero, a lo que se le suma la propuesta concreta de la ex presidenta Cristina Fernández de construir un gran frente ciudadano, pero es preciso considerar algunas de las características principales del movimiento nacional, para acercarnos hacia una más adecuada comprensión del problema político. En los países oprimidos, la oposición a esa sujeción imperialista es la causa del origen de los movimientos de emancipación nacional. La concurrencia en un mismo frente político de distintos sectores sociales cuyo punto de coincidencia es su condición de oprimidos por la política imperialista y, en lo económico, su vínculo vital con el mercado interno, es una nota común en los países latinoamericanos. Allí van, desde la pequeña burguesía urbana y rural, comerciantes, docentes, empleados públicos, productores industriales medianos y pequeños, empleados, hasta sectores populares –trabajadores desocupados, de la agricultura familiar, economía popular, campesinos, indígenas- y el propio movimiento obrero. Tanto el yrigoyenismo como el peronismo, en épocas históricas diferentes, tuvieron esa composición policlasista, cuyo punto de aglutinamiento era el enfrentamiento político con la oligarquía y la opresión nacional. El kirchnerismo ha sido expresión de esa histórica política nacional y democrática, con una propuesta de inclusión social, redistribución de la riqueza y autonomía regional frente a las potencias dominantes. Al igual que el yrigoyenismo y el peronismo en sus etapas finales, e incluso otros movimientos nacionales en el continente, el kirchnerismo tampoco estuvo exento de presentar rasgos de agotamiento y necesidad de superarse por medio de un programa de transformaciones estructurales y de perfil popular, que no pudo encarar. En este orden, destacan algunos señalamientos en los aspectos organizativos y programáticos. De lo primero, acerca de las dificultades para ensanchar la base social del movimiento político y su distanciamiento con el movimiento obrero y otras organizaciones sociales. De lo segundo, en el programático, la insistencia en confiar excesivamente en el alto empresariado para cumplir su fallido rol de burguesía nacional. Esto es preciso tenerlo en cuenta para tomarlo como punto de partida de nuevas y fecundas reflexiones porque, en buena medida, en ellos están las razones de la derrota electoral. Un programa de nacionalismo popular se caracteriza por procurar el control estatal del comercio exterior, el sistema financiero, los recursos naturales y de las áreas estratégicas de la economía, como la siderurgia entre otras. A su vez, las tensiones sociales y diferencias para definir el perfil ideológico son inherentes a una alianza social heterogénea y su unidad dependerá de que cada sector componente del frente nacional, así como especialmente la dirección política, asuman como prioritaria la confrontación principal contra el sector oligárquico y proimperialista. En este sentido, destaca anuncios como el de SMATA de negarse a colocar autopartes importadas que sustituyan a las nacionales, las reincorporaciones logradas por La Bancaria y el plan de lucha de la Corriente Sindical Federal y de la CETERA, así como la posición del peronismo bonaerense de denunciar el ajuste y la política a favor de la banca extranjera. La lucha sindical, por más necesaria y justificada que sea, es impotente para recuperar la senda nacional y democrática si no se la integra a objetivos políticos de reivindicación popular y nacional planteados desde la propia clase trabajadora, en la fecunda tradición histórica del 17 de octubre de 1945 y la CGT de los Argentinos. La conciencia por parte de los trabajadores acerca de que la lucha contra el coloniaje y el progreso histórico del país están, principalmente, en sus manos, es la clave para dejar atrás los tiempos contrarrevolucionarios que buena parte de Latinoamérica ha empezado a transitar. En las condiciones actuales de necesidad de ampliar la base social del movimiento no parece posible esperar un giro a la izquierda de su conducción, aunque esto no nos exime de poner las cosas en claro. La movilización popular será el eje de reorganización del movimiento nacional sin perjuicio de la parsimonia de muchos, porque como decía Jauretche, nada menos que los días previos al Cordobazo, el burro viejo no agarra trote salvo cuando es la calle la que trota y entonces arrastra al burro con todo.
10 de mayo de 2016, en Señales Populares.

viernes, 8 de julio de 2016

La patria grande, entre cumbre y barrancos (2015)



Las cumbres de las Américas han sido caja de resonancia de la principal problemática que recorre la historia de nuestra América desde los tiempos de las luchas por la emancipación: la cuestión pendiente de la unidad latinoamericana. La primera Cumbre tuvo lugar emblemáticamente en Miami en 1994, con la intención de implementar el área de libre comercio sobre todo el continente, pero los tiempos cambiaron y la historia tuvo un giro cuando en la Cumbre de 2005 de Mar del Plata con la disputa entre los mandatarios Chávez, Kirchner y Lula, de un lado, y Bush del otro, se rechazó el ALCA. La última Cumbre de Panamá estuvo marcada por el regreso de Cuba, el chisporroteo verbal y la calidad de sus discursos a favor la autonomía regional de los líderes nacionales más importantes.
La estrategia de avanzar en la formación de una voluntad común de nuestros países, base para el ejercicio de la soberanía latinoamericana, ha cristalizado además en la creación de la Unasur (2008) y la Celac (2010) -Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños-. Manuel Ugarte, uno de los más profundos pensadores de nuestra América, explicaba a principio del siglo XX una de las claves latinoamericanas cuando decía que "a todos estos países no los separa ningún antagonismo fundamental. Nuestro territorio fraccionado presenta, a pesar de todo, más unidad que muchas naciones de Europa…Sólo los Estados Unidos del Sur pueden contrabalancear en fuerza a los del Norte. Y esa unificación no es un sueño imposible.” La Celac no son los Estados Unidos del Sur que soñaba Ugarte pero reúne a 33 países latinoamericanos con una población de 600 millones de habitantes y 20 millones cuadrados de un territorio rico en recursos naturales, alimentos y una gran fuerza de trabajo; todo lo cual, bajo una planificación conjunta y estratégica, podría converger en una futura voluntad política unificadora que lleve adelante una política de igualdad social y bienestar para todos.
En 1953, mientras el gobierno argentino intentaba acuerdos de integración con los de Brasil de Getulio Vargas, y de Chile de Ibañez del Campo, el presidente Perón anunciaba una de las más poderosas razones geopolíticas para esa unidad latinoamericana: “si subsistiesen los pequeños y débiles países, en un futuro no lejano podríamos ser territorio de conquista” por parte de “los países superpoblados y superindustrializados que no disponen de alimentos ni de materia prima para despojarnos de los elementos de que nosotros disponemos en demasía con relación a nuestra población y nuestras necesidades”. Por eso, decía Perón, es un imperativo realizar la “unión real y efectiva de nuestros países, para encarar una vida y una defensa en común”.
Las formas imperialistas
Hasta no hace mucho nos alertábamos sobre la posible recolonización del continente por parte de los EUA, a partir de la instalación de diversas bases militares en puntos geográficos estratégicos, las cruzadas antidrogas como una suerte de nueva doctrina de seguridad regional y la insistencia con los lineamientos del Consenso de Washington. Si bien el ALCA fue rechazado, las pretensiones de EUA por establecer áreas de libre comercio persisten de modo cada vez más fuertes, lo que nos obliga a recordar aquello que señalaba Vivian Trías sobre la las diferentes estrategias de dominación. Para este político y pensador uruguayo el dominio de los EUA en la región se hizo con la consigna de integrar para reinar, al contrario que Gran Bretaña y su táctica divisionista en el siglo anterior que impulsó la balcanización de nuestros países tras la emancipación frente a los realistas. Del panamericanismo a la Alianza para el Progreso, hasta los actuales acuerdos de libre comercio entre EUA y los países de la cuenca del Pacífico. Estos son una muestra del avance en esa dirección de la política imperial y, muy especialmente lo es en el caso de México, sometido al libre comercio desde 1994 con el NAFTA y víctima de la violencia del narcotráfico, factor disolvente de cualquier nación. El imperialismo está vigente y se proyecta hacia el siglo XXI. La estrategia de dominación sigue siendo unificar bajo la liberalización comercial y financiera, con el dominio del capital especulativo transnacional.
El proceso de unificación regional transita entonces un camino sinuoso, entre cumbres y barrancos, entre el potencial emancipador de nuestra América y la regresión conservadora. ¿Es posible avanzar firmemente en el camino de la unidad latinoamericana sin cuestionar y superar las relaciones de propiedad y producción capitalistas? ¿O brindar una alternativa a la debacle humanitaria a la que conduce el capitalismo global como modelo de civilización, en donde se llega a proponer una solución militar a la muerte masiva de decenas de miles de migrantes africanos?
Las formas de la Patria Grande
Más allá de que unos gobiernos proclaman el capitalismo nacional y otros el socialismo o vías alternativas al capitalismo, la alianza geopolítica regional es el hecho político más importante de la última década sobre el cual sus proyectos nacionales se tornan sustentables. En algunos casos, asumen expresamente un carácter antiimperialista –nacionalización de servicios públicos, recursos naturales y áreas centrales de la economía-, como en Bolivia y Ecuador y, por supuesto, Venezuela, dándole aliento a lo que habían señalado Lenin y Trotsky casi cien años atrás y en otra parte del mundo, cuando afirmaban que la contradicción principal del capitalismo se había trasladado desde el interior de los países centrales hacia la relación de los periféricos con las potencias dominantes. En Venezuela, justamente, vale destacar el importante antecedente del Supremo Tribunal de Justicia que, mediante la sentencia nro. 100 del 20 de febrero de 2015 declaró que la denominada “Ley para la defensa de los derechos humanos y la sociedad civil en Venezuela 2014” del gobierno de los Estados Unidos, es absolutamente nula porque viola “los derechos de los pueblos a la soberanía, a la independencia, a la libre determinación, a la igualdad, a la justicia y a la paz”. De paso, repudió cualquier forma de imperialismo, al que definió como “actitud o doctrina de quienes propugnan o practican la extensión del dominio de un país sobre otro u otros por medio de la fuerza militar, económica o política”. ¿Opinaría lo mismo nuestra Corte Suprema ante una situación similar?
En fin, la cuestión de la unidad latinoamericana es el gran problema político de nuestra historia porque pone de relieve el problema de la dependencia de nuestros países respecto de las potencias extranjeras, especialmente de los Estados Unidos. La certeza que solo con la concreción de la Patria Grande -la unidad latinoamericana- es posible realizar las mayores reivindicaciones democráticas y de igualdad social, es la clave de comprensión de la situación actual de nuestros países. Para nosotros, los latinoamericanos, el contenido del ejercicio de la autodeterminación de los pueblos es el derecho a unirse para, como dicen los jueces venezolanos, vivir con igualdad, justicia y paz.
JA
Señales Populares, Abril, 2015

Contra la diatriba neoliberal (2014)


El debate de la reciente ley reguladora de las relaciones de producción y consumo puso de relieve cuestiones centrales de nuestra historia, importantes a tener en cuenta en la búsqueda de la independencia económica del país. Una diatriba feroz en su contra, en nombre de la libertad y el progreso, encuentra antecedente histórico en el predominio ideológico del pensamiento liberal conservador, que aún parece persistir. La concepción del Estado ausente y gendarme, consolidada a partir de la segunda mitad del siglo XIX, implicaba la defensa de la Argentina “granera del mundo” y la inserción subordinada a la expansión económica anglo sajona. No en vano fue el mitrismo, a la par que sostenía una guerra de policías contra los rebeldes pueblos del interior, quien sentó las bases jurídicas para la protección sagrada del derecho a la propiedad privada, con el Código Civil de Vélez Sarfield. La Corte Suprema del centenario, presidida por Antonio Bermejo, consagraría la interpretación más limitadora del estado y la propiedad como el más absoluto de los derechos contra el “comunismo”, en el país gobernado por Manuel Quintana, abogado de los ingleses. En concreto, esta custodia del orden y la propiedad implicaba la protección de la fabulosa renta agraria en poder de la oligarquía bonaerense, en una economía deprimida y primarizada.
La vía nacional y democrática
Hubo importante voces disidentes que indicaron otro camino, como la de Mariano Fragueiro, el encargado de hacienda de la Confederación del Paraná, que pregonaba por la nacionalización del sistema financiero. Y por supuesto al Paraguay, ejemplo de autonomía económica y desarrollo autóctono a cargo del Estado. En el siglo XX, el yrigoyenismo impulsaría una redistribución de esa renta agraria, para lo cual cuestionaría la hegemonía del liberalismo oligárquico con la intervención del Estado al fijar precios máximos en los alquileres y por ende regular los alcances del derecho de propiedad.
El peronismo, con su nacionalización de los resortes básicos de la economía, política de industrialización y justicia social, dará perfiles definidos a una concepción superadora de la anterior, con un rol activo del Estado en las relaciones de producción de bienes y servicios. En 1946, el Congreso Nacional dictó la primera ley de precios máximos, que otorgaba a la administración pública central facultades para regular precios máximos de materias primas, manufacturas de consumo interno y locaciones de obras. John William Cooke explicaba la necesidad de la intervención estatal por el fracaso del librecambio, y ante el surgimiento de los grandes monopolios capitalistas. Decía con meridiana claridad: el libre juego de la demanda no es libre ni es juego, intervención ha habido siempre, lo que es nuevo es la intervención y planificación en favor de los sectores populares. La reforma constitucional de 1949 establecería el principio de la función social de la propiedad privada y su regulación en nombre del bien común del pueblo.
La vía oligárquica, otra vez
El golpe oligárquico de 1955 iniciaría un ciclo histórico de dependencia y regreso del liberalismo conservador. Bajo la presidencia de Arturo Illia se sancionaría una ley de abastecimiento, pero sería en 1974, bajo el tercer gobierno de Perón, que se dictaría la ley hasta hace poco vigente, con amplias atribuciones al Estado para proteger la economía nacional contra el agio y la especulación. Pero su vigencia se parecía más a las leyes de indias en la época virreinal, donde se decía cumplirlas pero no acatarlas. Y la verdad es que una ley que no se cumple es como si no existiera.
La destrucción del Estado productor de bienes y servicios, parte de la política económica impuesta por el terrorismo de la última dictadura oligárquica, derivó en un mercado interno concentrado por un empresariado que, además, en los años noventa se extranjerizó. El país en su conjunto desembocó en la mayor de las desigualdades sociales y en una profunda dependencia de los poderes financieros internacionales.
Ahora, la nueva normativa sancionada, aunque prevea menos atribuciones estatales que la anterior, tiene el mérito de tener un impulso inicial para que los poderes públicos la hagan eficaz. Su objetivo es proteger el poder adquisitivo de las mayorías populares, frente al abuso de posición dominante del empresariado concentrado. Esto es importante para no dejar vulnerable a la población en un modelo productivo que, justamente, se caracteriza por fomentar el consumo masivo.
Hacia la soberanía
Una política de avance hacia la independencia económica, que combine la defensa del interés nacional y la justicia social, está sujeta a la condición de superar el mito del Estado gendarme y ausente sostenida históricamente por el liberalismo oligárquico, que encontrara eco en las consignas de “terminar con el intervencionismo estatizante” y “achicar el estado para agrandar la nación”. Del juez Bermejo a Martínez de Hoz, es la diatriba del atraso y la dependencia.
Lejos del comunismo, como decían los jueces del centenario, se tratan de normas cuya finalidad es desarrollar el mercado interno y el capitalismo industrial; o sea, modernizar el país semicolonial, como el caso de la ley Sherman en Estados Unidos, en 1890. Esta última ley, catorce años después, fue corregida por otra, la ley Clayton, para intentar ser cumplida. Aunque por entonces el capitalismo ya estaba dejando atrás sus rasgos de concurrencia, para ingresar en la etapa del dominio de las grandes concentraciones y la especulación financiera. Los fondos buitres son, hoy, una manifestación destructiva y antiproductiva de este proceso.
En nuestro caso, aunque el objetivo de la nueva norma no sea desconcentrar ni nacionalizar, como explicó el diputado Roberto Feletti en las sesiones legislativas, es una medida progresiva que le da al Estado un mayor protagonismo y fortalece una política nacional y democrática. Pero su implementación, y la de otras con sentido similar como la ley de servicios de comunicación audiovisual o la de regulación de mercado de capitales, tiene que ir acompañada por el debate crítico contra los mitos del orden conservador.
Señales Populares, Septiembre, 2014
JA

Papel prensa, capital extranjero y la cuestión político cultural (2012)


“Desde la Capital Federal hay un concepto vago respecto de la existencia de la prensa del interior de nuestro país. Se sabe que existen algunos diarios, no se sabe cuántos ni de qué tiradas y poco de su rica historia. Los diarios que conforman la Asociación de Diarios del Interior, muchos de ellos más que centenarios, tienen un enorme arraigo en su lugar de influencia y circulaciones muy importantes que, en su conjunto, supera el millón de ejemplares diario. Además, el índice de credibilidad y de localismo del que gozan es tan significativo que se estima que en cada una de sus localidades entre el 90 y el 95 % de los lectores de diarios, se informan a través del medio local” (exposición de ADIRA en las audiencias públicas). El grupo Clarín –con un capital social de 12 mil millones de dólares en el 2010- es dueño del paquete de acciones mayoritario, y a la vez del diario de mayor tirada del país, de los grandes diarios provinciales (La Voz del Interior, La Gaceta de Tucumán, Los Andes), de más de doscientos canales de televisión, canales de aire, de empresas proveedoras de Internet, y de agencia de noticias. Se destaca también la participación de Goldman Sachs en el 18% de las acciones del grupo, corporación financiera que controla el sistema financiero neoliberal de Europa y que es tan poderosa que últimamente ha logrado colocar al máximo directivo del banco central de la eurozona, por lo que la connivencia entre el capital financiero extranjero y el monopolio mediático en nuestro país es un hecho de poder de público conocimiento. Es viable suponer, entonces, que el poder económico que da esa posición de control de la producción del papel para la prensa se traduce en influencia y control de ideas, a partir del cual se busca imponer un único relato sobre la realidad que responda a los intereses económicos dominantes. La existencia de esta hegemonía ideológica se advierte en nuestra historia reciente en enunciados tales como que “achicar el estado es agrandar la nación” y especialmente en un fuerte estigma antiobrero y antisindical que es posible verificar en los grandes medios. La construcción de una idea fuerza que identifique a la nación con lo popular y que reivindique las luchas del pueblo a lo largo de la historia, es la esencia de esa disputa cultural e ideológica. 
Señales Populares 

Pensar (en nacional) la ley de medios (2012)


La centralidad política y jurídica que parece haber adquirido la implementación de la Ley de Servicios de Comunicaciones Audiovisuales, se justifica a partir de la necesidad de emprender la tarea de la transformación cultural. Nuestro país aún se encuentra en la búsqueda de la superación de su condición semicolonial –muchos hemos transitado en ese sentido, pero también es mucho lo que falta- y para ello hay que avanzar en el espacio simbólico de la cultura y la formación de la conciencia nacional.
La cultura del país semicolonial
Los intereses sociales en pugna tienen repercusión en la cultura pero también necesitan de ella para imponerse y consolidarse. Marx decía que las ideas dominantes en una sociedad eran las de su clase dominante. Gramsci, a su vez, pensó la hegemonía del un bloque de poder como la dirección política cultural de la sociedad, a partir principalmente de la difusión de una determinada cultura y moral. Esto se verifica en nuestra historia. La imposición del modelo de país dependiente por las elites dominantes desde mediados del siglo XIX se hizo a partir de la apropiación del excedente económico originado en las rentas extraordinarias del comercio exterior (“el campo”), pero también del uso del discurso y los medios de prensa. El monopolio de las rentas y de la palabra ha sido el dispositivo del poder semicolonial. Todo un sistema de mitos que difundió una visión de mundo elitista y europeísta que ocultó la condición real de dependencia de nuestro país, es decir escondió la cuestión nacional. Es posible adjudicarle a Bartolomé Mitre el rol de intelectual orgánico del bloque dominante: Presidente y padre de la “historia oficial”, fundó diarios y clausuró el de sus opositores, al mismo tiempo que lideró la guerra de policías contra los pueblos del interior. Ahí encontramos a los diarios simbólicos de la oligarquía, La Prensa, de la familia Gainza y Anchorena, y La Nación (esa “tribuna de doctrina” de la clase ganadera bonaerense) de los mismos Mitre. Clarín es el custodio de lo que Hernández Arregui llamaba “la mitología democrática de la clase media engañada, una democracia asentada sobre principios abstractos donde las masas populares no aparecen”. Scalabrini Ortiz resumió muy bien el panorama cuando decía que “En un país empobrecido, los grandes diarios son órganos de dominio colonialista (porque) el periodismo es quizás la mas eficaz de las armas modernas que las naciones eventualmente poderosas han utilizado para dominar pacíficamente hasta la intimidad del cuerpo nacional y sofocar casi en germen los balbuceos de todo conato de oposición.” El peronismo del ´45 transformó el país semicolonial en una Nación justa, libre y soberana, pero no avanzó suficientemente en la cuestión cultural, y por eso fue posible el retorno de la violencia oligárquica junto con la pedagogía colonial. En la actualidad, con el avance tecnológico, la comunicación audiovisual ha ocupado buena parte del espacio que antes ocupaba con exclusividad los “grandes diarios”.
Pensar en nacional
Los movimientos nacional populares promueven un rol protagónico del Estado, a través de normas antimonopolio, de expropiación por utilidad pública y de función social de la propiedad. Anuncian una nueva idea de igualdad, y una redefinición del concepto de democracia en el que toda la actividad económica y jurídica es legítima en la medida en que provea al interés público y al bien común. Pero para ello es preciso consolidar la formación de la conciencia nacional y desmitificar esa visión de la historia en la que los sectores populares y trabajadores no aparecen por ningún lado. La disputa entre relatos opuestos que hoy vivimos hay que leerla en esta clave. Esa es la auténtica preocupación por la “hegemonía kirchnerista” o la “chavización” que expresan algunos. La implementación de la ley de medios de la democracia significa, en su cláusula antimonopolio, el camino para impugnar el relato del país semicolonial, y en la apertura de más espacios para nuevos medios, la posibilidad nacional y popular. Tenemos el enorme desafío de impulsar la formación de pensar en nacional, que “es pensar desde una óptica antiimperialista, no abstracta sino nutrida en las luchas y experiencias de nuestro pueblo” (Galasso). Para ello, habrá que planificar seriamente desde el Estado el modo de dar oportunidad a nuevas voces, cuando éstas aún no parecen tener la fuerza suficiente como para hacerse escuchar. Sabbatella en el AFSCA es un buen mensaje en ese sentido. Y aquí también debe interpelarnos la situación de desprotección fatal que sufren los sectores campesinos e indígenas que son perseguidos por terratenientes ganaderos y sojeros, y empresas extranjeras, por lo general aliados de los poderes locales. Además, que Ecuador, Bolivia y Brasil revisen sus regulaciones sobre los medios de comunicación (hasta Paraguay, en donde Lugo había creado un sistema de medios públicos que ahora se encuentra en riesgo), es una muestra más que la cuestión nacional tiene alcance latinoamericano. Resuena entonces la voz de José Martí cuando decía que “trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra".
Señales Populares

Memoria colectiva y revisionismo histórico popular (2011)


Los represores Astiz y Acosta, entre varios más, fueron condenados a prisión perpetua por sus crímenes contra la humanidad cometidos en la Esma, el principal campo de concentración de la última dictadura militar. En la misma semana del triunfo popular superando la mitad más uno de los votos de la Presidenta Cristina Fernández, después de años de proceso y a más de treinta años de los crímenes, la justicia condenó a los asesinos de Rodolfo Walsh y Azucena Villaflor entre muchas víctimas más. En el país hay 262 condenados y 14 juicios orales en curso. Estos juicios son un aporte fundamental a la memoria colectiva del pueblo. ¿Hubiera sido posible la transformación social vivida desde el 2003 sin estos juicios? ¿Qué relación hay entre el proyecto nacional y la justicia contra los crímenes de la dictadura? Un ensayo de respuesta viene por señalar que se trata de la recuperación de la memoria colectiva. Esta memoria no es un mero recordatorio de hechos pasados, sino un acto por el cual al pasado se lo reinterpreta y a partir de ahí se le otorga sentido al presente. Rubén Dri ha señalado alguna vez que “sin memoria histórica no hay sujeto histórico. De allí la tarea que se propone el dominador de borrar todo rastro de memoria histórica en el dominado...No puede haber otra historia, porque de lo contrario habría otro sujeto que podría cuestionar la dominación del dominador”. Norberto Galasso ha impugnado reiteradamente al relato histórico que se pretende neutral y única verdad académica. Los juicios a los represores reiniciados tras la anulación de las leyes de impunidad integran esa memoria colectiva que es resultado de la revisión de la historia reciente, esa que fue la más oscura, la cueva que dio origen al neoliberalismo a partir del genocidio: son parte de la destrucción de los mitos de la historia oficial sobre el pasado inmediato, que tanto todavía pesan sobre el presente. Estos mitos son los que defiende el diario La Nación, como cuando en el 2003 en una editorial le plantearon al candidato presidencial Néstor Kirchner, como uno de varios postulados básicos para gobernar, que “no queremos que haya más revisiones sobre la lucha contra la subversión”. Son los mitos que también sostiene el grupo Clarín cuando oculta la verdad a través de la banalidad discursiva. Por eso los juicios son tanto un acto de justicia para las víctimas como parte de la batalla cultural de todo el pueblo por apropiarse de la historia que se corresponda con sus vivencias populares. En 1998 Menem anunció su intención de demoler la Esma y colocar un monumento a la “unión nacional”. Algo así hubiera tenido el significado simbólico de demoler la memoria colectiva, así como su abrazo fraternal con el represor Isaac Rojas lo tuvo respecto de la historia del peronismo combativo. Es que el neoliberalismo que se inició con la dictadura cívico militar, tuvo su esplendor luego en los noventa con el menemismo y De la Rúa, por lo que el acto de quitarle al pueblo la capacidad de escribir su historia fue una de las claves para su sometimiento. Se trata, en el fondo, de que el pueblo conozca la historia para que se vea reflejada en ella y la haga suya. Por eso en la batalla cultural que los argentinos estamos librando contra el sistema ideológico de matriz oligárquica y elitista que aún predomina, el revisionismo histórico popular ocupa un lugar central al sostener como tesis principal que el pueblo es el protagonista de la historia. Y como la historia es la política del pasado, el pueblo también es el protagonista de la política presente: en esta creencia reside el potencial transformador de esta corriente de pensamiento de matriz nacional y popular. Es sugestivo que para Lula, el legado más importante del tiempo kirchnerista haya sido la recuperación de la autoestima de los argentinos. La importancia de esto lo explicaba Jauretche al criticar “la zoncera de la autodenigración”. Es el punto de partida del pensamiento nacional. La autoestima del pueblo es la condición para el ejercicio de la soberanía popular y la autodeterminación nacional. Lo repite cada vez la Presidenta Cristina Fernández cuando dice “argentinos tenemos patria: estemos orgullosos”. Porque ahora, en estos tiempos de profundos cambios, la unidad nacional no es un concepto vacío sino que tiene el significado de la recuperación de la memoria colectiva y del protagonismo popular. 
JA, octubre 2011.
Publicado en Señales Populares 

La clase trabajadora: debilidades y fortalezas en su organización (2014)


Una concepción histórica del movimiento obrero organizado lo ubica como la columna vertebral del frente nacional por su fortaleza y capacidad de movilización. Pero actualmente la clase trabajadora se encuentra en una situación de ambivalencia, en donde se muestra, por un lado, fortalecida si se observa el período abierto desde el año 2001 hasta ahora, pero, por el otro, si lo que se observa es el trazo largo desde, al menos, 1974 –con el fin del liderazgo de Perón-, su posición social aparece sensiblemente debilitada. En efecto, la sub utilización de la fuerza de trabajo (subocupación más desocupación) podría ser un indicador claro de esa debilidad: en el período 1974-1983 la tasa era del 10%, en 1983-1993 del 15%, en 2002 se alcanzó el pico máximo de 40%, y en 2013 rondó el 14% (INDEC).
Al mismo tiempo, en la actualidad los trabajadores sufrimos una fuerte división socioeconómica. La primera es entre ocupados y desocupados, donde la tasa de desempleo actual se ubica en un índice similar al del inicio de los noventa. Luego la separación se da entre los ocupados con empleo registrado y los no registrados: el trabajo no registrado es ahora del 34,6 %, mientras en 1974 era del 17%. También hay que diferenciar entre los sindicalizados y los fuera de cualquier filiación y defensa gremial, siendo que los primeros además tienen divididas sus posiciones. Por su cuenta, los trabajadores desocupados se baten entre los índices de pobreza e indigencia, en mayor o menor medida según los efectos positivos de la importante política de inclusión social en vigencia. También hay que contar a los trabajadores rurales, en general omitidos en la cultura urbana (el 89 % de la población vive en ámbitos urbanos), cuya división está entre los empleados, en su mayoría informales y con bajos ingresos, y los pequeños productores que luchan por sobrevivir e integrarse al tejido productivo de un modo digno y sustentable. Finalmente, después de todo esto, se destaca el sector obrero industrial ligado a la metalúrgica y siderúrgica, como el más dinámico y con el peso del tradicional proletariado urbano, aún con las deformaciones propias del crecimiento en una economía dependiente.
En este panorama, la clase trabajadora muestra una heterogeneidad social que merece ser destacada a la hora de repensar su rol en el movimiento nacional de liberación, a diferencia de 1974 o incluso más atrás en el tiempo, en 1945, particularmente en un proceso de alta concentración empresaria y presencia del capital extranjero. Pero esto no significa en lo más mínimo desmerecer la fuerza que pueda alcanzar el sindicalismo ni los movimientos sociales. Para esto hay que considerar el lugar del sindicalismo en las relaciones de producción, en el conflicto capital-trabajo y al interior del Estado en sus diferentes niveles, su presencia en todo el país como ningún partido político la tiene, su posibilidad de movilizar en forma orgánica trabajadores y de alcanzar una representación nacional con raíces en programas como el de Huerta Grande (1957), La Falda (1962), o la CGT de los Argentinos (1968), la declaración de CETERA (1973), los 26 puntos de la CGT de Ubaldini o los documentos de la CTA en los noventa, entre muchos otros de importancia. Y los movimientos sociales su capacidad de elevar propuestas concretas de economía popular y social. Más allá de las debilidades debe prevalecer la certeza que el protagonismo popular es la clave en la conformación de una alianza social, para enfrentar al poder oligárquico y orientar las políticas de Estado, hacia el objetivo de una mayor participación de los trabajadores en el ingreso y de avanzar en la emancipación nacional.
JA
Publicado en Señales Populares, mayo de 2014

El legado de Hugo Chávez y sus interpretaciones (2013)


La ausencia física del líder bolivariano ha abierto la etapa de las interpretaciones sobre su política, las que por supuesto como cualquier acto ideológico se encuentran cargadas de sentido político que no deben pasarnos inadvertidas.
Uno primero deba pasar por Macri y los multimedios Clarín y La Nación cuyo desprecio al chavismo tiene el significado de impugnar los avances del Estado en la economía, reivindicar al capital financiero internacional y de paso (si se puede) recuperar el prestigio de la prensa del SIP como El País de España. Han llegado incluso a inventar la palabra “chavización” que en sus bocas (o en sus letras) es mala palabra. Por su parte, con Binner (y su confesión de que hubiera votado a Carriles) parece de algún modo volver el socialismo de Juan B. Justo con su voto a favor del progreso librecambista y probritánico, y es un eco repetidor de la internacional socialista a la que pertenece –y que también lo hacía la UCR de Alfonsín-, descendiente de la segunda internacional y de la socialdemocracia. En el desprecio a Chávez está la negación de la existencia de una cuestión nacional y latinoamericana como tarea urgente a resolver, como en su época hacían el viejo traductor de El Capital y otros referentes de izquierda tradicional (Ghioldi, Codovilla, entre muchos más actuales).
Pero una interpretación más fundada es la que sostiene que su mayor legado ha sido la inclusión social. Los datos sobre la distribución del ingreso, salud, educación, vivienda, inversión social, PBI, etc., sostienen su veracidad de modo elocuente. La inclusión social significa la modernización del país en términos de darles categoría de ciudadano a mayorías populares hasta entonces impedidas del ejercicio de derechos básicos. Esa cuestión por sí sola sería suficiente para explicar la histórica movilización popular para despedirlo de este mundo, así como la adhesión militantes de millones que se han mantenido fieles durante catorce años. Pero el legado de Chávez excede ampliamente un programa de inclusión social moderno y democrático.
El antiimperialismo de Chávez a nivel mundial es uno de los indudables legados y la reivindicación de la cuestión nacional latinoamericana son seguramente dos de sus principales legados. Ahí están los acuerdos económicos (en general alrededor del petróleo, el extraordinario recurso venezolano) con diferentes países y el regreso del Movimiento de los No Alineados del que Fidel Castro ha sido su primer presidente. El desafío político constante de quien contó que “ayer estuvo el Diablo aquí, en este mismo lugar, ¡huele a azufre todavía esta mesa donde me ha tocado hablar! …(ya que) el Señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo “El Diablo”, vino aquí hablando como dueño del mundo”. Y seguramente por lo que sea recordado e invocado por las mayorías en la región: la idea que América Latina es una Nación inconclusa y fragmentada cuyo destino es su reconstrucción. Para ello, Chávez sostenía que la integración de sus países (desde México pasando por Centroamérica y todos el Caribe, hasta Argentina y Chile) encuentra firmes fundamentos históricos. La autoadscripción de bolivariano echa raíces en la historia profunda del continente, en la que aparecen protagonistas esenciales como San Martín, Artigas, Miranda, Sucre, entre tantos, todos calificados como luchadores americanos. Ahí aparece también el acuerdo tempranamente frustrado entre Perón, Ibáñez y Vargas. La CELAC, Petrosur y Petrocaribe, Telesur, el Consejo de Seguridad Sudamericano, el Banco del Sur, son medidas concretas tendientes a construirla que, en Chávez, nada de abstracto tenía.
Con su política se hizo carne el “marxismo bolivariano” y la tesis que la cuestión nacional latinoamericana solo puede resolverse definitivamente si asume un contenido superador del capitalismo, llámese este socialismo de raíz nacional o del siglo XXI, o reciba otro nombre en un futuro, es otro de sus enormes legados. Tengo para mí que la cita de Chávez de un párrafo de Norberto Galasso escrito en 1974 (América Latina Unidos o dominados), es altamente significativo porque allí se sostiene la tesis que la unidad latinoamericana solo es posible en la vía socialista. Esta posición adquiere nuevamente un valor universal apenas se observe la crisis mundial de capitalismo financiero e imperialista cuya única salida que ofrece a los pueblos es un mundo más injusto, elitista y represivo. “La pretensión hegemónica del Imperialismo Norteamericano pone en riesgo la supervivencia misma de la especie humana” denunció nada menos que en la sede la ONU, la cual proponía refundarla y ubicarla en alguna ciudad del sur.
Chávez miraba con ojos vírgenes la realidad latinoamericana y de su país (como Martí y Jauretche), pero el mestizaje entre el pensamiento bolivariano, el marxismo y el cristianismo, eran guía fundamental para su conciencia. “Sigo aferrado a Cristo (…) ¡hasta la victoria siempre!” fue su último mensaje al mundo por la red social.
La intervención del Estado en la economía y su rol de conductor del proceso productivo, a partir de la propiedad de los recursos naturales y las áreas estratégicas, es otro de los puntos salientes de la herencia chavista. La constitución bolivariana de 1999, en línea con la de Ecuador y Bolivia, impulsó el reconocimiento de diferentes formas de propiedad, en donde la privada solo tiene legitimidad al servicio del bien común.
La organización popular de los de abajo (vieja referencia de Mariano Azuela para nombrar a los protagonistas de la revolución mexicana) con autogestión como clave de sustentación del programa emancipador, es otro de los puntos trascendentales de su enorme legado. Ningún proceso de transformación, después del chavismo, podrá prescindir de esta enseñanza, bajo riesgo de su declinación tarde o temprana. La inclusión de las fuerzas armadas en la categoría pueblo es sin duda otro de sus enseñanzas, que países como el nuestro deberá en algún tiempo empezar a tomar nota.
La reivindicación constante de la Cuba revolucionaria y de la figura de Fidel, tiene el valor de tomar sus banderas justo cuando se moría el siglo XX y llevarlas hacia el siglo XXI, como estándartes de liberación y justicia social. Al punto que hoy Raúl Castro está al frente de la CELAC.
Lo reseñado es una muestra de la extensión del legado de Chávez que incluye otros aspectos. Entre ellos, una nueva concepción de igualdad social que en nuestra región incluye a la lucha por la Nación Latinoamericana, el antiimperialismo y la superación del capitalismo por formas originales de producción guiadas por la consigna “o inventamos, o erramos”.
JA
8/3/2013
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¿Es posible una reforma constitucional? (2012)


En el último tiempo se ha empezado a debatir la posibilidad de convocar a una asamblea constituyente. En pocas palabras intentaremos realizar un modesto aporte a esta cuestión. El país vive tiempos de grandes cambios caracterizados por la construcción de un proyecto de Nación autónoma, de vocación latinoamericanista y de fuerte redistribucionismo social. Si bien la estructura productiva no ha tenido transformaciones de fondo (aún persiste en forma muy peligrosa una economía altamente concentrada y extranjerizada), lo cierto es que el país ha avanzado en una política nacional de signo liberador y requiere de transformar la superestructura legal si pretende consolidar en el tiempo lo hecho. Esto se ha cumplido, en alguna medida, en el plano de la legalidad infraconstitucional, pero es lícito abrir la posibilidad de la reforma constitucional.
¿Qué es una reforma constitucional?
Para Marx el derecho no podía ser nunca superior a la estructura económica y al desarrollo cultural de la sociedad por ella condicionado. Alberdi en relación a la Constitución de 1853 dijo que “hay constituciones de transición y creación, y constituciones definitivas y de conservación. Las que hoy pide la América del Sud son de la primera especie, son de tiempos excepcionales”. La de 1853, pese a algunos de sus enunciados, terminó siendo útil al orden oligárquico y de economía dependiente que se consolidaría con el tiempo. Para ser justo, los Códigos Civil y de Comercio ocuparon el sitio de predominio del sistema jurídico nacional de matriz librecambista que le hubiera correspondido a la Carta Magna. En cambio, la reforma de 1949, al contrario de lo ocurrido en 1853, expresó la organización política del proceso de fuerte transformación socio económico y político que significó el peronismo a partir de 1945. Es decir, la reforma de 1949 más que un programa a realizar fue la confirmación institucional de un proyecto de país ya en su gran medida realizado. Por eso la derogación posterior por un bando militar y la reforma de 1957 tiene tanta carga de ilegalidad y prepotencia. Durante la década del noventa la mayoría de los países latinoamericanos –el nuestro incluido- han modificado sus constituciones con el objeto de, por un lado, incorporar al sistema normativo nacional los pactos de derechos humanos y sociales –lo que es progresivo-, pero por otro, dar cabida a exigencias de política económica sustentadas en el consenso de Washington –lo que es regresivo-.
¿Qué significa una reforma constitucional, hoy?
En la actualidad, en virtud del proceso de transformaciones vividas desde 2003, parece preciso la modificación de la superestructura legal vigente: tanto de los Códigos Civil (de origen en 1869) y Penal (de 1921), así como de la Constitución Nacional. Igual que en 1949 la reforma respetaría la base de la vigente, ya que hay elementos que sirven pero que son insuficientes, y se incluiría los aspectos principales de la obra ya realizada. Así la lista podría incluir: el rol de promotor de la equidad social del Banco Central, el interés público por el autoabastecimiento de hidrocarburos, del papel para prensa, de la actividad realizada por los servicios de comunicación audiovisual y el sistema provisional, y darle categoría constitucional a medidas como la AUH, entre otras posibles. En síntesis, es la idea de bien común y orden público que ordena la intervención estatal para planificar el desarrollo productivo con el fin de lograr la justicia social y la soberanía nacional. También debería incluirse el imperativo de priorizar en política exterior al MERCOSUR, la UNASUR y la CELAC.
Pero también es una gran oportunidad para orientar el proceso histórico impulsando medidas de trascendencia. Y ahí en la lista se podrían incluir: la nacionalización del comercio exterior, la reforma progresiva del sistema tributario, establecer el carácter de público de los servicios financieros, establecer los derechos de los trabajadores que anulen toda flexibilización aún vigente e insistir con la participación de los trabajadores en las ganancias patronales, establecer la función social de la propiedad (que hoy solo puede invocarse mediante una interpretación del artículo 21 de la Convención Americana) y normas de antimonopolio en la prestación de servicios públicos y del mercado interno, prohibir la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales comerciales internacionales como el CIADI, darle rango constitucional al Convenio 169 de la OIT de derechos de los pueblos indígenas, enunciar normas de regulación en materia de inversiones extranjeras similares a la ley de 1974 tendientes a proteger la industria manufacturera nacional, establecer normas federales de mayor precisión y contenido popular sobre la relación entre Nación y las Provincias, prohibir la represión de la protesta social (que es una deuda pendiente en muchos ámbitos provinciales) entre muchas otras. Como dijeron Sampay y Cooke en la Asamblea de 1949: la no intervención del Estado en materia económica implica la intervención a favor del más fuerte. La nacionalización de los recursos naturales (cuyo dominio originario está actualmente en poder de las provincias) parece de mayor dificultad, pero podría ser materia de debate y de negociación por una ley de coparticipación. Es evidente que es una gran oportunidad para que la oposición “progre” defina su posición apoyando y debatiendo. ¿Y la reelección en el cargo de Presidente? En esto dejemos que las mayorías opinen, que es lo más democrático. Habría que volver a escribir en el preámbulo el viejo tríptico de ratificar la irrevocable decisión de constituir una Nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana, y agregarle la reafirmación de la unidad latinoamericana. En fin, se trata de tornar explícito un proyecto de nación soberana y justa en lo social, de crear los instrumentos para realizarlo, y que las fuerzas nacionales, populares y de trabajadores se organicen y convoquen a la movilización. La reforma de la constitución no es tema exclusivo de juristas sino que es asunto del pueblo.
JA
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Patria o buitres en las Naciones Unidas (2015)


Las Naciones Unidas han aprobado un documento con nueve principios para regular la reestructuración de las deudas externas de los estados y que limita a los fondos buitres, con fundamento en el derecho al derecho soberano de los Estados para reestructurar su deuda, a la inmunidad soberana y al desarrollo inclusivo. Si bien todavía falta pasar por el difícil tamiz de la aprobación de la asamblea general de los Presidentes, lo cierto es que se trata de un hecho de trascendencia porque se avanza en el sentido señalado por Argentina y por la Presidenta en su notable último discurso ante la ONU. Nuestro país ya en el 2014 había logrado una victoria resonante al aprobarse su iniciativa para crear una legislación anti-buitre, con el apoyo del G-77 más China y el no menos significativo voto en contra de los Estados Unidos.
Los fondos buitres son la punta de lanza de la dominación económica. Se tratan de poderosísimos grupos económicos que especulan comprando deuda de países en grave crisis o en quiebra directamente, para obtener judicialmente en el mediano plazo el cobro de un monto muy superior al de compra. En los hechos, han funcionado como fuerza económica de choque contra las reestructuraciones de deuda externa, golpeando duramente cualquier intento de autonomía financiera por parte de los estados, no permitiéndoles recuperarse y empujándolos otra vez a los ajustes fiscales, privatización y endeudamiento. Recrean la utopía conservadora del fin del Estado, propia del neoliberalismo. Con acierto, nuestro ministro de economía dijo que actualmente lo que no nos puede hacer el FMI ha quedado en manos de los fondos buitres. La presidenta en la reciente Cumbre de Brasilia de MERCOSUR les puso el cascabel al gato, cuando comparó su actual accionar con el la represiva Operación Condor de los setenta.
En verdad, estos depredadores sociales globales –nuevamente cito una frase de la Presidenta- son una manifestación del predominio de una oligarquía financiera que el economista francés Francois Morin denomina “la hidra mundial” y “banda organizada”, que ha acentuado, a escala mundial, la dependencia de los estados respecto de los poderes concentrados. Este capital financiero concentrado es una oligarquía cuya principal área de actuación es la industria militar petrolera de los EUA, con la cual intentan someter a la civilización entera. En este marco, los fondos buitres representan la avanzada contra los países periféricos o semicoloniales –como Ecuador y Vietnam, para dar solo dos ejemplos- por parte de una patrulla imperialista con raíces en el mismísimo partido republicano. Es el caso del multimillonario Paul Singer o del candidato presidencial de los EUA Donald Trump, para quien la crisis en España es una oportunidad porque “está enferma y toca aprovecharse” (Revista Forbes de México, 09/2014).
El caso de Grecia es clave para el futuro de occidente porque allí se han impuesto las decisiones de la Troika, a través del Banco Central Europeo y Alemania, para que su pueblo se someta al ajuste fiscal y las privatizaciones, pese a que había votado su rechazo. La falta de un programa alternativo claro –vg. salida del euro-, parece haberlo encerrado en la impotencia política. Es predecible que esta sumisión económica se extienda a los otros países de la eurozona que no casualmente comparten el descalificativo de PIGS –cerdo en inglés- (Portugal, Irlanda, Grecia y España), en un enfrentamiento entre esa “banda organizada” y la soberanía popular cuyo desenlace parece, por ahora, oscuro.
En este escenario de despliegue del capitalismo en su versión más depredadora, la presión de los fondos buitres sobre nuestro país expresa de esta manera una estrategia fuerte de parte del poder financiero imperialista para debilitar esa posición de autonomía y lograr una regresión conservadora. La consigna “patria o buitres” es una invención del ingenio político de las bases para sintetizar la disputa política principal de estos tiempos, hija de la histórica “patria sí, colonia no”.
El debate internacional respecto del tratamiento de la deuda externa pone en evidencia la división mundial de los países, entre un bloque imperialista y una mayoría de condición semicolonial y dependiente, y el regreso de los capitalismos autóctonos como forma de lucha nacional. Aunque estas economías nacionales para ser viables en la etapa actual de globalización financiera exigen, al menos, desarrollarse en grandes espacios continentales, y un decidido protagonismo de las masas populares en la vida política interna de los países. Un motivo más para tomar conciencia de la necesidad histórica de alcanzar la unidad latinoamericana, con propuestas tan trascendentales como las de crear una arquitectura financiera propia como fuente de ahorro nacional latinoamericano.
En fin, la propuesta de regulación anti buitre es parte de un proceso histórico largo y difícil, en un mundo caracterizado por el predominio global capitalista especulativo y la ausencia de una alternativa real y no meramente teórica, tras la caída del socialismo de la Unión Soviética. Pero parece, por ahora, el único camino posible como manifestación actual de resistencia a esa oligarquía financiera depredadora. Su instauración e implementación será una prueba de fuego para el futuro de las Naciones Unidas como sistema político internacional, y para los estados que pugnan por darle un contenido más democrático como el caso de los de nuestra América.
JA
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Agosto de 2015

Crisis y dependencia en el país de los argentinos. A cuarenta años del inicio de la última dictadura militar oligárquica.


A cuarenta años del inicio de la dictadura oligárquica de 1976, ¿es posible afirmar que los argentinos hemos superado completamente sus consecuencias o aún perduran los efectos más graves de su política impuesta por la fuerza? La dictadura de 1976 fue esencialmente parte de la imposición de la recolonización de Latinoamérica por parte de los Estados Unidos y el poder financiero mundial. Con sus medidas de desregulación de los mercados, endeudamiento externo, fuga de capitales, libre importación y destrucción de las industrias locales, con sus efectos de desocupación, recesión, caída del ingreso de los trabajadores, y por sobre todo su política de represión planificada y terrorista que golpeó salvajemente en la clase trabajadora, destruyó los pilares sobre los cuales se construye un proyecto de nación. Su legado fue el de la más grave dependencia y la crisis destructiva de las bases nacionales en todos los aspectos de la vida social: la economía, la política y la cultura.
Todo esto se hizo en nombre de la unidad de los argentinos, la misma unidad a palos que el mitrismo impuso a los pueblos del noroeste en el s XIX, para consolidar el orden oligárquico y dependiente de Inglaterra, bajo la falsa consigna de la libertad económica de comercio, cambio y de ingreso de capital extranjero. Con la dictadura quedaba así enterrado el proyecto de autonomía nacional y productiva de Perón intentado en 1974, y se imponía un modelo de sumisión al capital financiero y una grave derrota para el pueblo argentino y su clase trabajadora.
La clase dominante y el colonialismo cultural.
Los bancos y el capital extranjeros se colocaron en el centro del poder económico del país, mientras que la vieja oligarquía terrateniente se reacomodaba dentro del bloque dominante. Desde la Sociedad Rural Argentina a los bancos y el capital industrial concentrado como el caso del ingenio Ledesma en Jujuy, y Ford, Acindar, Astarsa y Mercedes Benz, en cuyas fábricas los militares montaron centros de detención. Techint, Pérez Companc, Macri, Fortabat, Rocca, Roggio, Pescarmona, Soldati, Bunge y Born, nombres de la elite empresarial local, pasaron a ser parte del nuevo poder económico, tan concentrado como dependiente del capital financiero internacional. Se le atribuye al alto empresariado, con razón, complicidad con la dictadura, pero lo cierto que es más adecuado destacar que su rol ha sido mucho más activo y protagónico en el diseño de las relaciones de producción sumisas.
Martínez de Hoz pregonaba la necesidad de modernizar la Argentina mediante la “liberación de las fuerzas productivas” y anunciaba su programa económico el 2 de abril de 1976 como la “adopción de una política de sinceramiento de la economía a fin de eliminar las trabas y distorsiones creadas por el dirigismo estatal”. Un liberalismo dogmático, fundamentalista y economicista, de raíz antinacional y con origen en la escuela estadounidense de los Chicago Boys, se irradió hacia el sentido común de los argentinos mezclándose como veneno con los viejos mitos del país semicolonial. Desde entonces y con idas y venidas, la Fundación Mediterránea, la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) y el Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina (CEMA) serían los centros de formación de cuadros que, con la orientación de universidades de los Estados Unidos, aportarían sus cuadros más fundamentalistas a la dirección económica del país, como en el caso del Banco Central y el Ministerio de Economía.
Entre la indiferencia, la apatía, el individualismo, la resignación y el miedo, se impuso a sangre, fuego y con la prensa tradicional, una colonización cultural que llevó a nuestro pueblos a su alienación y desnacionalización. Tesis sin sustento real como que “el país es el campo” y “achicar el estado es agrandar la nación”, o el consejo vecinal de “mejor no te metas” y “algo habrá hecho para ser perseguido”, forman parte de la mitología autoritaria legada. Ese colonialismo cultural persiste en buena medida aún, en continuidad de los mitos elitistas del país del centenario y como expresión de la alianza de poder económico afianzada en la última dictadura, y con apoyo del centro financiero mundial e imperialista.
La Asociación Empresaria Argentina (AEA), fundada en el medio de la crisis más grave de la historia, el 28 de mayo de 2002 (unos días antes del crimen de Kosteki y Santillan), reúne actualmente al empresariado con mayor rentabilidad del país, con el fin de analizar las políticas públicas en función de asegurar un sistema económico basado en la libertad de mercados Un país integrado y abierto al mundo, tanto en su comercio de bienes y servicios como en el campo de los capitales para financiar inversión y consumo. Esta visión es promovida desde el centro del poder mundial como el caso de la Fundación Heritage y The Wall Street Journal que informan que Argentina es uno de los peores países del mundo en materia de libertad económica…por culpa de la intervención del estado en el mercado, junto con Cuba y Venezuela.
Pese al tiempo transcurrido desde el 10 de diciembre de 1983 y la experiencia transitada por el pueblo, no hemos podido darle a la democracia el contenido nacional y popular que exige para no ser un sistema político vacío y abstracto, sujeto a las crisis sociales impuestas por necesidades de los centros mundiales de las finanzas. La memoria colectiva tendrá que jugar su partido a favor de la formación de la conciencia nacional.
JA
Publicado en Señales Populares, abril 2016

¿Nueva derecha o vieja dependencia?


Una caracterización común de la flamante alianza de gobierno es que es trata de una nueva derecha por su concepción conservadora, mientras que sus defensores alegan que ya no hay ni derechas ni izquierdas y que en verdad ellos son el cambio y la unidad nacional. Sin embargo, más allá de los límites en que el debate se presenta, es posible realizar mayores precisiones.
La alianza gobernante, a juzgar por los antecedentes de sus referentes como por el gabinete elegido se trata, fundamentalmente, de una alianza entre multinacionales, el empresariado local concentrado y la oligarquía agroexportadora, con el respaldo del multimedio Grupo Clarín. Por los ministerios desfilan representantes de Shell, JP Morgan, General Motors, Monsanto y Deutsche Bank, de la UIA y de los patrones del campo, entre otros. Para caracterizar al nuevo gobierno, entonces primero hay que hacerlo con las multinacionales: éstas no son expresión de exitosos emprendedores ricos y librepensadores –como los presentan los centros de estudio del pensamiento liberal conservador-, sino que son empresas pertenecientes a potencias extranjeras y forman parte de su estrategia de expansión mundial como la historia general demuestra invariablemente, con sus casas matrices en EUA, Inglaterra, Alemania, Francia, etc.
Su política empresarial es proteger el interés nacional de sus propios países en desmedro del interés colectivo nuestro, mediante la apropiación directa de patrimonio argentino público o privado (privatización de empresas estatales o extranjerización de empresas privadas) o por la fuga de capitales sin control estatal y el dominio de áreas vitales de la economía (desde el comercio exterior hasta la siderurgia). No procuran la reinversión productiva sino la remisión de utilidades. Este alto empresariado local y extranjero, beneficiarios directos de la reconversión económica y del sometimiento del país implementado por la última dictadura militar, fueron también cómplices de las prácticas represivas contra los trabajadores, como en el caso de Ford, Mercedes Benz, Acindar, Siderca (Techint), Fiat, Ledesma, entre varios más, como revela la investigación de la complicidad empresarial en el período dictatorial en el marco de la comisión bicameral del congreso de la nación. ¿Y los políticos del Pro y la UCR? Bien gracias, a la saga del llamado “círculo rojo” empresarial, la auténtica conducción del proyecto.
Por otro lado, el anunciado giro hacia la Alianza del Pacífico y la firma del TLC del MERCOSUR con Europa significaría el regreso de los acuerdos de libre comercio como el derrotado proyecto del ALCA. Los acuerdos de libre e igual comercio esconden, en verdad, la desigualdad de competencia que llevan a la ruina a las producciones locales y sirven principalmente para profundizar la expansión económica y dominación de las potencias mundiales como Estados Unidos en la región. La libertad referida ha sido siempre, en los hechos, como la del zorro al cuidado del corral. Por eso, la medida de su imposición será la del debilitamiento del proceso de unificación regional enmarcado en la Unasur y Celac. Además, la autonomía regional en el escenario mundial será sustituida por una subordinación geopolítica a los intereses norteamericanos, lo que también abre un interrogante acerca de la firmeza del reclamo de soberanía territorial sobre Malvinas, actual base militar de la OTAN. Mientras, el periodista proimperialista Andres Oppenheimer (de El Miami Herald), se entusiasma por el cambio político en América Latina que, según su parcial criterio, será dejar de estar aislados del mundo –o sea de EUA- y en desmedro del populismo bolivariano –o sea de la Patria Grande-. Ya hablan de “desideologizar la política exterior” (La Nación, 7/12/2015).
No es una cuestión de partidos sino una cuestión nacional
Juan José Hernández Arregui sostenía, en su obra “La formación de la conciencia nacional”, que la dictadura de 1955 tuvo por objeto regresar al país al orden agroexportador, transferir la riqueza nacional al sector ganadero y agrario y detener la industrialización por imposición de las grandes potencias exportadoras, disminuir el consumo interno, bajar el precio de la mano de obra al servicio del capital colonizador, aplastar el movimiento sindical organizado, entregar a los monopolios extranjeros el control de la economía nacional que se había liberado de tutelas y fiscalizar la producción industrial de acuerdo a esos intereses. Hoy, la historia parece repetirse –aunque por vía de elecciones libres y legítimas y no de un golpe de estado militar- con algunos agregados de peso: la posición dominante del sistema financiero y el alto nivel de concentración y extranjerización del empresariado en el país, el contexto de una reconfiguración del poder mundial con predominio de la alianza industria militar y el poder financiero internacional. No es solo una cuestión de rentabilidad empresarial y patronal sino además de destruir la autonomía nacional y latinoamericana. Es la vuelta al viejo problema de la dependencia económica y geopolítica, con sus efectos devastadores de desigualdad y fragmentación para el país y la región. Este el contenido reaccionario del programa de país presto a implementarse.
En los países dependientes como el nuestro, la democracia se debilita en la medida de la falta de soberanía porque sin soberanía no hay proyecto de nación posible, por eso las instituciones democráticas parecen estar todo el tiempo a punto de derrumbarse. Sin soberanía no hay instituciones fuertes ni conquistas sociales posibles y duraderas, como orienta el Proyecto para el Modelo Argentino de Juan Perón cuya referencia actual es ineludible. Identificar los intereses de clase y del imperialismo será un recurso fundamental contra este liberalismo conservador que, detrás de la proclama abstracta del libre mercado oculta los nombres propios de las empresas y bancos extranjeros con posición dominantes y, de este modo, presenta al programa de la dependencia como el único estado posible para nuestro país.

JA
Publicado en Señales Populares, abril 2016.

jueves, 7 de julio de 2016

LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1949, A 60 AÑOS DEL BASTIÓN DE LA PATRIA



El 11 de marzo de 1949 se sancionó una nueva constitución nacional dictada por una Asamblea Constituyente libremente elegida por el voto popular. La Revolución Nacional recibe un apuntalamiento fundamental para su continuidad porque permite la reelección de Perón, impulsada después por el voto de las mayorías, y da rango normativo a sus políticas principales. Por eso, sería la constitución “maldita”: la mayoría de los argentinos la ignora; hasta no fue considerada como fuente de derecho en la última constituyente de 1994, cuando el Pacto de Olivos vino a consolidar el país dependiente y neoliberal.
La del ´49 no niega a la liberal de 1853, sino que respeta los derechos civiles y políticos y las garantías procesales. Pero la supera largamente al dar forma a un Estado que interviene en las áreas esenciales de la economía, porque según Arturo Sampay, el miembro informante ante la asamblea, “la no intervención implica la intervención a favor del más fuerte”. Si la del ´53 terminó siendo el estatuto legal del país oligárquico y semicolonial, la del ´49 será la norma fundamental que exprese la voluntad estratégica de consolidar un proyecto nacional. De la concepción liberal individualista con eje en el derecho a la propiedad privada, a una cosmovisión colectiva consagrando el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Del iluminismo europeísta al pensamiento nacional, porque legisla sobre los temas fundamentales para la existencia de una Nación: se consagran expresamente los derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad y de la educación y la cultura nacional, así como se anula el principio de autonomía contractual para las relaciones de trabajo. Se condena “el abuso de derecho y cualquier forma de explotación del hombre por el hombre”, y se establece “la función social de la propiedad, el capital y la actividad económica y el deber del Estado de fiscalizar la distribución y utilización del campo”; así como que “el capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social”. También se dispone que ningún banco oficial podrá ser entidad mixta o controlado por particulares; la posibilidad de reelección presidencial y que tanto la elección del presidente como la del vice serían en forma directa en reemplazo del colegio electoral.
En el artículo 40, denominado por Scalabrini Ortiz –uno de sus autores ideológicos- el “bastión de la patria”, se consagra la nacionalización de los servicios públicos, el monopolio estatal del comercio exterior; que los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad imprescriptible e inalienable de la Nación; que los servicios públicos son originariamente del Estado y no pueden ser enajenados o concedidos para su explotación. La filosofía que la inspira es la de la tercera posición, geopolítica de los pueblos del tercer mundo.
El proceso de liberación nacional fue interrumpido por la reacción pro imperialista que en septiembre de 1955 nos hizo retroceder hacia al país dependiente. Calificaron de dictadura al gobierno constitucional y libremente elegido, y lo primero que hicieron fue derogar la Constitución Nacional mediante una mera proclama militar. Después vendrían las persecuciones, los fusilamientos y la proscripción del peronismo, el ingreso al FMI y la desnacionalización de la economía en nombre del desarrollo y la modernidad. Y la Asamblea del ´57, en la que conservadores, sectores radicales, con el apoyo de socialistas y comunistas, volvieron a la vieja constitución liberal del ´53, pretendiendo compensar la legislación social con el artículo 14 bis. El ciclo de reacción se cumpliría en 1994 con la “provincialización” de los recursos naturales (actual artículo 124), uno de los nudos que dificultan la realización de una política nacional.
Hoy, en las actuales circunstancias auspiciosas en todo el continente americano, la reivindicación frente al olvido de la Constitución de 1949 es un paso fundamental en la imprescindible formación de la conciencia nacional de los argentinos.
Javier Azzali – Abogado y docente.
2009.