El debate de la reciente ley reguladora de las relaciones de
producción y consumo puso de relieve cuestiones centrales de nuestra
historia, importantes a tener en cuenta en la búsqueda de la
independencia económica del país. Una diatriba feroz en su contra,
en nombre de la libertad y el progreso, encuentra antecedente
histórico en el predominio ideológico del pensamiento liberal
conservador, que aún parece persistir. La concepción del Estado
ausente y gendarme, consolidada a partir de la segunda mitad del
siglo XIX, implicaba la defensa de la Argentina “granera del mundo”
y la inserción subordinada a la expansión económica anglo sajona.
No en vano fue el mitrismo, a la par que sostenía una guerra de
policías contra los rebeldes pueblos del interior, quien sentó las
bases jurídicas para la protección sagrada del derecho a la
propiedad privada, con el Código Civil de Vélez Sarfield. La Corte
Suprema del centenario, presidida por Antonio Bermejo, consagraría
la interpretación más limitadora del estado y la propiedad como el
más absoluto de los derechos contra el “comunismo”, en el país
gobernado por Manuel Quintana, abogado de los ingleses. En concreto,
esta custodia del orden y la propiedad implicaba la protección de la
fabulosa renta agraria en poder de la oligarquía bonaerense, en una
economía deprimida y primarizada.
Hubo importante voces disidentes que indicaron
otro camino, como la de Mariano Fragueiro, el encargado de hacienda
de la Confederación del Paraná, que pregonaba por la
nacionalización del sistema financiero. Y por supuesto al Paraguay,
ejemplo de autonomía económica y desarrollo autóctono a cargo del
Estado. En el siglo XX, el yrigoyenismo impulsaría una
redistribución de esa renta agraria, para lo cual cuestionaría la
hegemonía del liberalismo oligárquico con la intervención del
Estado al fijar precios máximos en los alquileres y por ende regular
los alcances del derecho de propiedad.
El peronismo, con su nacionalización de los resortes básicos de la
economía, política de industrialización y justicia social, dará
perfiles definidos a una concepción superadora de la anterior, con
un rol activo del Estado en las relaciones de producción de bienes y
servicios. En 1946, el Congreso Nacional dictó la primera ley de
precios máximos, que otorgaba a la administración pública central
facultades para regular precios máximos de materias primas,
manufacturas de consumo interno y locaciones de obras. John William
Cooke explicaba la necesidad de la intervención estatal por el
fracaso del librecambio, y ante el surgimiento de los grandes
monopolios capitalistas. Decía con meridiana claridad: el libre
juego de la demanda no es libre ni es juego, intervención ha habido
siempre, lo que es nuevo es la intervención y planificación en
favor de los sectores populares. La reforma constitucional de 1949
establecería el principio de la función social de la propiedad
privada y su regulación en nombre del bien común del pueblo.
La vía oligárquica, otra vez
El golpe oligárquico de 1955 iniciaría un ciclo histórico de
dependencia y regreso del liberalismo conservador. Bajo la
presidencia de Arturo Illia se sancionaría una ley de
abastecimiento, pero sería en 1974, bajo el tercer gobierno de
Perón, que se dictaría la ley hasta hace poco vigente, con amplias
atribuciones al Estado para proteger la economía nacional contra el
agio y la especulación. Pero su vigencia se parecía más a las
leyes de indias en la época virreinal, donde se decía cumplirlas
pero no acatarlas. Y la verdad es que una ley que no se cumple es
como si no existiera.
La destrucción del Estado productor de bienes y servicios, parte de
la política económica impuesta por el terrorismo de la última
dictadura oligárquica, derivó en un mercado interno concentrado por
un empresariado que, además, en los años noventa se extranjerizó.
El país en su conjunto desembocó en la mayor de las desigualdades
sociales y en una profunda dependencia de los poderes financieros
internacionales.
Ahora, la nueva normativa sancionada, aunque prevea menos
atribuciones estatales que la anterior, tiene el mérito de tener un
impulso inicial para que los poderes públicos la hagan eficaz. Su
objetivo es proteger el poder adquisitivo de las mayorías populares,
frente al abuso de posición dominante del empresariado concentrado.
Esto es importante para no dejar vulnerable a la población en un
modelo productivo que, justamente, se caracteriza por fomentar el
consumo masivo.
Hacia la soberanía
Una política de avance hacia la independencia económica, que
combine la defensa del interés nacional y la justicia social, está
sujeta a la condición de superar el mito del Estado gendarme y
ausente sostenida históricamente por el liberalismo oligárquico,
que encontrara eco en las consignas de “terminar con el
intervencionismo estatizante” y “achicar el estado para agrandar
la nación”. Del juez Bermejo a Martínez de Hoz, es la diatriba
del atraso y la dependencia.
Lejos del comunismo, como decían los jueces del centenario, se
tratan de normas cuya finalidad es desarrollar el mercado interno y
el capitalismo industrial; o sea, modernizar el país semicolonial,
como el caso de la ley Sherman en Estados Unidos, en 1890. Esta
última ley, catorce años después, fue corregida por otra, la ley
Clayton, para intentar ser cumplida. Aunque por entonces el
capitalismo ya estaba dejando atrás sus rasgos de concurrencia, para
ingresar en la etapa del dominio de las grandes concentraciones y la
especulación financiera. Los fondos buitres son, hoy, una
manifestación destructiva y antiproductiva de este proceso.
En nuestro caso, aunque el objetivo de la nueva norma no sea
desconcentrar ni nacionalizar, como explicó el diputado Roberto
Feletti en las sesiones legislativas, es una medida progresiva que le
da al Estado un mayor protagonismo y fortalece una política nacional
y democrática. Pero su implementación, y la de otras con sentido
similar como la ley de servicios de comunicación audiovisual o la de
regulación de mercado de capitales, tiene que ir acompañada por el
debate crítico contra los mitos del orden conservador.
Señales Populares, Septiembre, 2014
JA
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