COLOMBIA Y EL DESTINO SUDAMERICANO

La insurrección popular en curso frente a las políticas económicas de ajuste del gobierno, derivó en una respuesta represiva trágica. Al menos 19 personas fueron asesinadas, 85 desaparecidas y miles de heridos, contados hasta el 4 de mayo, en una protesta social dirigida contra la “Ley de Solidaridad Sostenible”. Ésta es un intento de reforma tributaria de clásico corte neoliberal, con el fin de reducir el gasto fiscal y pagar la deuda externa, gravando el consumo y los salarios. En las protestas que masivamente colman las calles de las ciudades colombianas, confluyen sindicatos, organizaciones sociales y políticas, agrupaciones estudiantiles y de indígenas, con mucho peso en la zona del Cauca, cuya capital, Calí, es, por ahora, el epicentro. El país cuenta con algo más de 48 millones de habitantes, uno de los mayores en territorio sudamericano y una posición estratégica por su salida al Pacífico y al Caribe, sus fronteras con Venezuela, Ecuador y Brasil, y con Panamá, lo que le convierte en la puerta con Centroamérica. Además, cuenta con una extraordinaria biodiversidad y de recursos naturales, y una porción del codiciado Amazonas.
Los hechos recientes son la continuación de un largo proceso de violencia contra el pueblo ejecutado por grupos paramilitares en los últimos años. Desde la firma del Acuerdo Final de Paz han sido asesinados 904 líderes y defensores de derechos humanos y 276 excombatientes de las Farc-EP, según informó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en abril pasado (véase el sitio: https://www.jep.gov.co), mientras que las comunidades campesinas e indígenas son víctimas de amenazas, homicidios, desapariciones, secuestros, desplazamientos y otros ataques. Esto es un durísimo golpe a los de abajo: detrás de cada líder social y autoridad campesina e indígena asesinados, hay una organización social y comunidad que se debilita o destruye. La misión de la JEP es la búsqueda de la verdad, justicia y reparación de las víctimas del conflicto armado, para asegurar una paz duradera; la cual encuentra, por ahora, grandes dificultades.  
El drama de Colombia es una parte central del drama latinoamericano. Hay razones históricas indicadoras de su trascendencia. La Gran Colombia, formada por Venezuela, Nueva Granada, Ecuador y Panamá, fue la plataforma política y militar de las fuerzas dirigidas por el Libertador Simón Bolivar, para triunfar frente al absolutismo monárquico de la Corona española. Su objetivo era la consolidación de una gran federación continental junto con el sur del continente, con una ciudad capital en el istmo panameño, en el cual avizoraba la construcción de un canal interoceánico. Las presiones de las oligarquías portuarias, los intereses ingleses y las luchas intestinas promovieron la separación de los países y deshacieron el proyecto bolivariano de unidad, después de la decisiva batalla de Ayacucho contra los absolutistas, ocurrida en 1824 en tierras peruanas. Estados Unidos le dio el zarpazo a Panamá, quitándosela a Colombia y asegurándose el dominio del Caribe y Centroamérica, entre 1895 y 1904. Tanto Cuba, con la enmienda Platt, como Panamá, con una constitución amañada, quedaron bajo la intervención imperialista de la política del gran garrote de Theodore Roosevelt.   
En abril de1948 se fundó la Organización de Estados Americano en una primera reunión celebrada en Bogotá, bajo custodia por la levantada popular frente al asesinato del líder colombiano Jorge Eliécer Gaitán. Fue el inicio de un largo y escabroso periplo de enfrentamientos armados entre grupos paramilitares, guardias blancas y guerrillas, a los que se sumaron los violentos carteles del narcotráfico, que desangró al país y lo convirtió en foco de conflicto permanente. También está lejos en el tiempo, pero cerca en el recuerdo, la masacre del Palacio de Justicia con decenas de asesinados, entre los cuales estaban 11 jueces de la Corte, en noviembre de 1986. Las propuestas de paz empezaron a promoverse desde la década de 1980, pero pese a los esfuerzos de importantes sectores de la vida política local e internacional, se vieron frustrados, hasta que en 2016 se concretó el último acuerdo. Colombia ha sido un gran receptor de las políticas de la agencia norteamericana USAID, a la vez que es el único país de la región que ingresó a la OTAN como socio global, lo que profundizó acuerdos en materia militar. 
La importancia de Colombia fue entendida por Néstor Kirchner y Lula Da Silva, sendos presidentes de Argentina y Brasil, cuando en 2010 lideraron desde la UNASUR, el proceso de mediación garante de la paz entre Colombia y Venezuela. La declaración de este organismo acerca de Sudamérica como una tierra de paz no fue abstracta, sino que se tradujo en políticas concretas. Se trata de la comprensión de la importancia de la paz regional como condición para la integración de los pueblos, sin conflictos amenazantes de la estabilidad. Sin embargo, en 2020, de Colombia salió el contingente que intentó el desembarco golpista en las costas de Venezuela.
Tanto la deriva de los acuerdos de paz como la del conflicto social en Colombia, son asuntos que conciernen a toda nuestra América. La falta de una voz fuerte y una colaboración conducente para Colombia por parte de los organismos regionales y los estados vecinos, evidencian el estado de la declinación continental que no alcanza a revertirse aún. La OEA es, cuanto menos, vacilante y objeto de graves acusaciones, y la UNASUR y la CELAC, por ahora, impotentes. La recuperación de Sudamérica como zona de paz sin injerencia imperialista es una condición para el proceso de unidad regional y la vida de nuestros pueblos. 

El retorno al coloniaje en tiempos de cambio. Por Mara Espasande

El triunfo de Mauricio Macri en las elecciones presidenciales de 2015 significó un veloz retorno al pasado en numerosos aspectos de la política nacional, así también como en el plano de las relaciones internacionales. Durante la campaña presidencial del 2015 se instalaron como temas centrales del debate las cuestiones económicas y la supuesta “problemática” de la inseguridad. Por el contrario, la política internacional -fundamental en cuanto que determina en gran medida la política interna de nuestro país- quedó relegada a un segundo plano. Para muchos pasaron inadvertidas las declaraciones del entonces candidato Macri sobre la necesidad de “abrirse al mundo”. Los medios concentrados de comunicación repetían incansablemente "Estamos aislados del mundo”, replicando el discurso macrista. En aquel momento el candidato declaraba: “hay que darle vitalidad y recuperar la dinámica en el Mercosur, avanzar en los convenios con la Unión Europea y converger con la Alianza del Pacífico”.

Estas declaraciones anunciaron las decisiones políticas en materia internacional que el actual gobierno está llevando adelante. Ya en ejercicio del mandato presidencial, en el marco del encuentro con el ex presidente chileno Sebastián Piñera, acérrimo neoliberal, Macri afirmó: “En el tema de la integración económica y comercial, los modelos que siguen Mercosur y Alianza del Pacífico son distintos. El Mercosur ha buscado una integración entre los países, pero no se ha integrado con el mundo. La Alianza se ha integrado en su interior, pero también con el mundo”.

Pero, ¿Qué es la Alianza del Pacífico?, ¿qué consecuencias tendría para la Argentina la incorporación a este bloque?, ¿cómo afectaría al MERCOSUR, UNASUR y Celac?

La Alianza del Pacífico (AP) es un organismo de integración regional conformado por Chile, Colombia, México y Perú, creado en 2011. Tal como declaran en sus documentos oficiales, su objetivo central es establecer un área de integración para avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, apuntalando el crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías de los países miembros. Sin embargo, a partir de lo sucedido en estos años puede afirmarse que la integración se produjo principalmente en el plano comercial y no así, en otros de los aspectos plateados.

Por otro lado, los países miembros poseen un estrecho vínculo comercial con los Estados Unidos, ya que todos ellos han firmado en la forma bilateral Tratados de Libre Comercio (TLC). Puede observarse entonces, que la AP forma parte de la estrategia geopolítica norteamericana hacia América Latina, con un doble objetivo. Por un lado, busca introducir sus mercancías y capitales especulativos en las estructuras económicas de los integrantes del bloque. Lo que no logró mediante la implantación del ALCA (enterrado en 2005) a escala continental, lo consiguió con estos países del Pacífico que, continuando con la aplicación de políticas neoliberales, decidieron priorizar este vínculo antes que la integración intrarregional, propuesta por Brasil, Ecuador, Bolivia y Argentina, entre otros.

Por otro lado, en términos geopolíticos, la AP fue la respuesta que encontró la potencia del norte para contrarrestar y frenar el proceso de unidad de la Patria Grande, impulsado luego de la derrota del ALCA. La creación de la UNASUR, de la CELAC, y el fortalecimiento de los procesos de integración no exclusivamente económicos en el MERCOSUR, resultaron una clara amenaza para la potencia imperialista. Por eso, luego de la derrota del proyecto continental, apostó a la firma de tratados bilaterales de libre comercio (de bienes y servicios) que terminaron confluyendo en la formación de esta Alianza.

Es importante destacar, que la presencia norteamericana en la región no se limita al ámbito económico, sino que existe también en el plano diplomático y militar. A través de sus embajadas y del accionar de sus agencias -como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Administración para el Control de Drogas (DEA)-, intervinieron activamente en los golpes de Estado perpetrados en Venezuela, Honduras, Paraguay y en los intentos desestabilizadores llevados a cabo contra los gobiernos de Ecuador y Bolivia; además de esto, cuentan con numerosas bases militares a las cuales se suma el despliegue de la Cuarta Flota.

En este contexto, el acercamiento del gobierno argentino a la AP y, por ende, a los Estados Unidos, sólo puede significar el retorno al coloniaje. Además, este proceso se produce en el marco de la profundización de la crisis mundial, donde los países centrales buscan desesperadamente ubicar su producción sobrante. La apertura indiscriminada de la economía argentina, tal como provocaría el ingreso a la AP o la firma de un TLC con Estados Unidos, generaría efectos catastróficos. La industria nacional, el desarrollo de las Pymes, cientos de miles de puestos de trabajo, se verían indefectiblemente afectados. Mientras tanto, el discurso oficial -y sus voceros en los medios concentrados- nos hablarían de las ventajas de la “re-inserción” al mundo: el ingreso de las grandes marcas europeas y norteamericanas y productos de última generación, que se convertirían en un privilegio para pocos… Una historia conocida -pero muchas veces no recordada- para el pueblo argentino.

Tal como calificaba FORJA al Pacto Roca Runciman durante la Década Infame, nos encontramos ante la posibilidad de la firma de un nuevo Estatuto legal del coloniaje. La política de integración regional llevada a cabo por el gobierno kirchnerista fue una de las claves que permitió el desarrollo de un modelo que buscó la redistribución del ingreso y el ejercicio de la soberanía nacional. Defender lo alcanzado y evitar que el gobierno macrista vuelva a someter a nuestro país a los designios del imperialismo, dependerá de la capacidad de organizarnos y tejer redes con otras organizaciones hermanas latinoamericanas para resistir a esta nueva avanzada del neoliberalismo que, como ya nos ha enseñado nuestra historia, solo puede terminar en hambre y represión para nuestros pueblos.

Publicado en Señales Populares N°47, abril de 2016.

Los caminos abiertos de América Latina. Algunas reflexiones sobre los movimientos nacionales.

La continuidad en el poder de gobiernos populares es uno de los hechos fundamentales de la etapa actual en Nuestra América. Desde posiciones conservadoras se los rebaja de categoría política y se reduce todo al capricho de “mayorías que piden ser esclavizadas” (Benegas Lynch (h)) o a versiones “espantosas de populismo” y “la dictadura de los votos” (B. Mitre, director del diario La Nación). En cambio, Nicolás Casullo los calificaba de procesos populistas atravesados por categorías propias: pueblo, caudillo, antiimperialismo, constitución de una patria postergada. Ernesto Laclau usa el término populismo en un sentido también reivindicatorio, aunque relativizando el lugar de las organizaciones políticas y sindicales tradicionales. Ante una historia de fragmentación semicolonial y postergación socio económica, los procesos actuales son experiencias democratizadoras y de participación popular, que expresan la superación de la utopía conservadora de la extinción del estado de los años 90, derivación del etnocéntrico “fin de la historia".

La vieja categoría de movimiento nacional sigue siendo de utilidad para explicarlos, e indica que, en un mundo dividido en dos campos, el de las naciones opresoras y las oprimidas, la dominación de las primeras genera movimientos políticos de resistencia y emancipación en las segundas cuya tarea histórica a realizar es la cuestión nacional, es decir la ruptura y superación de esa relación de dependencia, con perspectiva continental. La clave consiste en diferenciar entre el nacionalismo de un país opresor del de uno oprimido; en aquél su rol es regresivo (es el caso del patrioterismo imperial de EUA), mientras que en el segundo es progresivo si asume la perspectiva antiimperialista y popular. En ellos concurren diferentes sectores sociales que, en distinto grado y con diferente conciencia de ello, son oprimidos por el orden oligárquico, como los obreros, campesinos, mineros o la pequeña burguesía urbana y la rural. La esencia del movimiento nacional es la unidad de todos ellos para su confrontación política con la oligarquía. El peronismo del 45 y el yrigoyenismo en nuestro país, el MNR en Bolivia en los 50, el Apra en Perú en los 30, el varguismo en Brasil, la revolución cubana y la mejicana de 1910, son algunos de los movimientos nacional latinoamericanos en la historia política del siglo XX.

Sus posiciones actualmente contienen al mismo tiempo las tesis antiimperialista, distribucionista, desarrollista y democrática, aunque en cada país lo haga de modo distinto. Más allá de que unos proclaman el capitalismo nacional y otros el socialismo del siglo XXI, sus principales medidas, con resultado disímiles, tienden a: 1) la construcción de un bloque regional (la Patria Grande), 2) la recuperación de la capacidad de acción del estado, 3) el desarrollo de las fuerzas productivas locales con agregado de valor que permita superar la estructura primaria de las economías y 4) la redirección del excedente hacia el bienestar común y reivindicación social de los postergados. La fórmula básica parece ser la intervención del estado para captar el excedente económico y luego redistribuirlo a los sectores populares por vía de salud, educación, vivienda, caminos, infraestructura en general, programas sociales, etc. Es el caso de Chávez cuando dice que ahora el petróleo venezolano está al servicio de todo el pueblo, así como los de Bolivia, Ecuador y Perú, aunque en todos ellos las economías han continuado con un alto grado de primarización. Argentina y Brasil tienen la particularidad de contar con desarrollo industrial, pero mayormente concentrado y extranjerizado. La nota saliente en la región es la gran reducción de la pobreza, en forma notable para nuestro país (según la Cepal).

De esto se desprende el carácter combinado que los movimientos nacionales parecen presentar (una suerte de doble cara) que, no sin cierto abuso de viejas denominaciones, se puede calificar de nacional popular y nacional desarrollista, según asuma con prioridad una política de desarrollo productivo o de redistribución social.

Este doble rol ya estaba explicitado desde hace tiempo, en una época en que el capital no había adquirido formas tan concentradas y especulativas como ahora, y encontramos por ejemplo la Constitución guatemalteca de 1945 de Arévalo: “La meta fundamental es liquidar el semifeudalismo, organizar un capitalismo moderno y democrático y defender los intereses públicos con criterio nacionalista”. O en la argentina de 1949 de Perón, cuando enunciaba que el capital debía estar “al servicio de la economía nacional y el bienestar”. Ninguno de los gobiernos han asumido en forma absoluta uno de los rasgos con exclusión del otro, pero cabe alertar que la aparición de uno adquiere prevalencia sobre el otro. La primacía desarrollista admite un esquema de restricciones y menos redistribución, pero muy lejos está de parecerse a los ajustes del neoliberalismo cuya consecuencia inversa es la recesión y retracción productiva.

En este punto dejamos planteado la cuestión de la tensión provocada por la combinación del doble y simultáneo rol distribucionista y desarrollista: el desarrollo industrial, promovido para crear valor propio y avanzar en la construcción de la “patria postergada”, exige para inversión, subsidio y fomento destinar recursos que el Estado capta y que, en alguna medida, sustrae de aquella distribución de la riqueza.

Ahora, si bien el pueblo sería beneficiario del desarrollo productivo, lo cierto es que, como dice Emir Sader “tenemos una burguesía rentista, que vive de la especulación que resiste a la reconversión del modelo de hegemonía financiera a un modelo productivo”. Y esto que lo dice para Brasil, es válido para todo el continente. Después de todo el capital no tiende a producir sino a acumular y concentrarse, por lo que la cuerda se tensa justo cuando el Estado pretende regular y disciplinar al capital.

La importancia de esto radica en que, en el caso de una política popular o distribucionista, el sustento y beneficiario directo son los sectores oprimidos y tradicionalmente excluidos, mientras que en el otro, el desarrollista el protagonismo lo toma la elite empresarial local. En uno el eje es la redistribución; en el otro, el desarrollo. Parecen dos polos que tensionan la cuerda sobre la cual el proyecto nacional hace un difícil equilibrio. Ahí es cuando las contradicciones sociales –en especial el conflicto capital-trabajo- toman protagonismo y parece en escena una suerte de utopías neodesarrollista en la que el bienestar común parece confiarse en la capacidad de las elites empresariales locales, con eco de la conservadora “teoría del derrame”. Es por eso un debate central la viabilidad o no de una burguesía nacional, el rol del capital extranjero y la inversión productiva y uso de tecnología que se carece –¡y se necesita!- y, por supuesto, la búsqueda de formas alternativas de producción.

Entonces, al mismo tiempo que avanzan los movimientos nacionales y se profundiza el proceso de emancipación, se realzan las contradicciones sociales, en una heterogeneidad de reivindicaciones propia de la estructura social diversa, deformada e injusta. De ahí que el devenir y destino del curso histórico depende del modo en que se resuelvan, atiendan y superen la puja entre los intereses contrapuestos. Álvaro García Linera ha atendido con suma atención este fenómeno, bajo el concepto de “tensiones creativas”, ya que de éstas puede surgir una alternativa superadora de lo existente de significado progresivo. En la historia del siglo veinte latinoamericano, la experiencia de los movimientos nacionales nos indica que esta tensión es la clave de su progreso pero también de su declinación. La postergación de los sectores populares y de trabajadores, y su falta de organización suficiente ha sido una de las causas principales. El conflicto social debe ser resuelto al interior del proyecto nacional, sin que la heterogeneidad de intereses en pugna derive hacia una ruptura del movimiento nacional. La clausura de los movimientos nacionales en una forma renovada de populismo de derecha es un riesgo presente, en virtud de esa tarea “desarrollista” que asume el nacionalismo y la posibilidad que termine adoptando prioritariamente la perspectiva de una pequeña burguesía urbana, universitaria o industrial.

Mientras tanto, en buena parte de nuestro continente la transformación social puede resumirse en lo que Álvaro García Linera describe sobre Bolivia: “Los indígenas, que estaban predestinados a ser campesinos, obreros, porteros o meseros, hoy son ministros, legisladores, directores de empresas públicas, magistrados de justicia, gobernadores o presidente”, que es la superación de lo que, en otra época, decía el Che Guevara: “Prefiero ser indio analfabeto a millonario norteamericano”. Las fuerza reactivas por la vigencia de órdenes oligárquicos son poderosas, pero los movimientos políticos populares en su búsqueda propia están funcionando y abren nuevos caminos de radicalización democrática hacia el horizonte. El que, como el mismo Vice boliviano ha dicho, una de sus posibilidades -¡pero solo una entre otras!- es el socialismo.

JA

Publicado en Señales Populares (2014).

UNASUR y los caminos de la Patria Grande

El regreso de los movimientos nacionales populares en Sudamérica y la convergencia de sus políticas a favor de la integración y autonomía regional es uno de los hechos fundamentales de la época contemporánea.

Para entender la importancia de todo esto, es bueno recordar que hasta no hace mucho alertábamos sobre la posible recolonización del continente por parte de los EUA, la que como decía Vivian Trías, en el siglo XX se hizo con la consigna de integrar para reinar, al contrario que Gran Bretaña y su táctica divisionista del siglo anterior. Esa vía hegemonizadora neocolonial se sostiene, en lo económico, esencialmente a partir de los acuerdos de libre comercio, y en lo militar con la instalación de diversas bases militares en puntos geográficos estratégico, así como con las cruzadas antidrogas en una suerte de nueva doctrina de seguridad regional. Así tenemos, además del Plan Colombia, el Plan Puebla-Panamá y la insistencia con el ALCA como profundización de las políticas económicas de ajuste y endeudamiento externo que llevaban a cabo los países a partir de los lineamientos del Consenso de Washington, cuya consecuencia principal fueron el atraso y la dependencia. Los acuerdos de libre comercio entre EUA y los países de la Cuenca del Pacífico han sido una muestra del avance en esa dirección de la política imperial: Chile (2004), Centroamérica (2004), Colombia, (2006) Perú (2006) y, muy especialmente, México prematuramente a partir de 1994 -este último víctima de la violencia propia del narcotráfico, factor disolvente de cualquier nación y que a esta altura parece ser algo así como la fase superior del neoliberalismo-. La estrategia era unificar bajo la liberalización comercial y financiera, con el dominio del capital especulativo transnacional, siendo además que de su voracidad ni Europa se salvó, ya que con el Tratado de Maastricht (1992) se estableció la unificación de la política monetaria y financiera para la denominada eurozona que quedó a merced de las elites económicas. Vale precisar que, en nuestro país, desde esa tribuna de doctrina conservadora que es el diario La Nación, se identificaba esta vía de integración imperialista bajo el rótulo de “el futuro de la democracia”.

Pero ahora una nueva forma de integración se consolida con la UNASUR, posibilitada con el rechazo al ALCA (2005).  En diciembre de 2004 con la Declaración de Cusco se creó la Comunidad Sudamericana de Naciones y, en abril de 2007 en la I Cumbre Energética Sudamericana cambió su nombre por el de UNASUR, bajo la consigna de “desarrollar un espacio sudamericano integrado en lo político, social, económico, ambiental y de infraestructura”. En 2007 se impulsó la creación del Banco del Sur ante la necesidad de “una nueva arquitectura financiera regional, orientada a fortalecer el papel del continente en el mundo financiero y comercial globalizado y beneficiar el aparato productivo que priorice las necesidades básicas de nuestros pueblos”. A esto se suma la promoción de un sistema multilateral de pagos y un fondo de reservas, así el fundamental desarrollo de obras de inversión a escala sudamericana, como el gasoducto Juana Azurduy entre Bolivia y la Argentina, que tiene una extensión de 48 km y que permitirá abastecer con gas boliviano la demanda de una parte importante del  norte argentino. La concreción de proyectos como Telesur (2005, con sede en Caracas), con el significativo lema de “nuestro Norte es el Sur”(donde la palabra sur significa un “concepto geopolítico que promueve la lucha de los pueblos por la paz, autodeterminación, respeto por los Derechos Humanos y la Justicia Social”) expresa también la vitalidad de unidad regional –está solo integrado por países latinoamericanos- y la vocación por una comunicación autóctona independiente del complejo mediático de los países más poderosos vinculado a los intereses del capital financiero transnacional. Como se ve, todo lo contrario a la política de integrar bajo el dominio de las elites mundiales del capital financiero, impulsada por EUA y la OMC.

La creación de la UNASUR como una instancia supranacional no va en desmedro de las soberanías de los países que la integran, al contrario, las políticas de unidad potencian la única y viable forma de ejercer el poder político y económico, bajo la forma de la soberanía de la Patria Grande para llevar a cabo las realizaciones democráticas, de integración productivas y de liberación incumplidas en nuestro continente. La actual experiencia de unidad sudamericana es necesario observarla desde el trazo largo de la historia, de ahí que aquello de que somos argentinos porque fracasamos en ser latinoamericanos sigue siendo una de las claves del presente. La cuestión nacional se realiza en la unidad latinoamericana, en la que todo el tiempo parecen fundirse reclamos populares y tareas democráticas, característica  propia de los movimientos nacionales guiados por liderazgos fuertes, como parece ser el caso de varias experiencias políticas contemporáneas. En cualquier caso, la consolidación de la UNASUR es expresión del ejercicio de una soberanía sudamericana a partir de la vocación de unidad de los Estados sudamericanos, y desde una interpretación federal y latinoamericana de la historia, simboliza la reactualización del antiguo proyecto de unidad territorial enarbolado por San Martín, Bolivar y Artigas hace doscientos años.

Javier Azzali

Septiembre, 2011

(publicado en Señales Populares)