La insurrección popular en curso frente a las políticas económicas de ajuste del gobierno, derivó en una respuesta represiva trágica. Al menos 19 personas fueron asesinadas, 85 desaparecidas y miles de heridos, contados hasta el 4 de mayo, en una protesta social dirigida contra la “Ley de Solidaridad Sostenible”. Ésta es un intento de reforma tributaria de clásico corte neoliberal, con el fin de reducir el gasto fiscal y pagar la deuda externa, gravando el consumo y los salarios. En las protestas que masivamente colman las calles de las ciudades colombianas, confluyen sindicatos, organizaciones sociales y políticas, agrupaciones estudiantiles y de indígenas, con mucho peso en la zona del Cauca, cuya capital, Calí, es, por ahora, el epicentro. El país cuenta con algo más de 48 millones de habitantes, uno de los mayores en territorio sudamericano y una posición estratégica por su salida al Pacífico y al Caribe, sus fronteras con Venezuela, Ecuador y Brasil, y con Panamá, lo que le convierte en la puerta con Centroamérica. Además, cuenta con una extraordinaria biodiversidad y de recursos naturales, y una porción del codiciado Amazonas.
Los hechos recientes son la continuación de un largo proceso de violencia contra el pueblo ejecutado por grupos paramilitares en los últimos años. Desde la firma del Acuerdo Final de Paz han sido asesinados 904 líderes y defensores de derechos humanos y 276 excombatientes de las Farc-EP, según informó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en abril pasado (véase el sitio: https://www.jep.gov.co), mientras que las comunidades campesinas e indígenas son víctimas de amenazas, homicidios, desapariciones, secuestros, desplazamientos y otros ataques. Esto es un durísimo golpe a los de abajo: detrás de cada líder social y autoridad campesina e indígena asesinados, hay una organización social y comunidad que se debilita o destruye. La misión de la JEP es la búsqueda de la verdad, justicia y reparación de las víctimas del conflicto armado, para asegurar una paz duradera; la cual encuentra, por ahora, grandes dificultades.
El drama de Colombia es una parte central del drama latinoamericano. Hay razones históricas indicadoras de su trascendencia. La Gran Colombia, formada por Venezuela, Nueva Granada, Ecuador y Panamá, fue la plataforma política y militar de las fuerzas dirigidas por el Libertador Simón Bolivar, para triunfar frente al absolutismo monárquico de la Corona española. Su objetivo era la consolidación de una gran federación continental junto con el sur del continente, con una ciudad capital en el istmo panameño, en el cual avizoraba la construcción de un canal interoceánico. Las presiones de las oligarquías portuarias, los intereses ingleses y las luchas intestinas promovieron la separación de los países y deshacieron el proyecto bolivariano de unidad, después de la decisiva batalla de Ayacucho contra los absolutistas, ocurrida en 1824 en tierras peruanas. Estados Unidos le dio el zarpazo a Panamá, quitándosela a Colombia y asegurándose el dominio del Caribe y Centroamérica, entre 1895 y 1904. Tanto Cuba, con la enmienda Platt, como Panamá, con una constitución amañada, quedaron bajo la intervención imperialista de la política del gran garrote de Theodore Roosevelt.
En abril de1948 se fundó la Organización de Estados Americano en una primera reunión celebrada en Bogotá, bajo custodia por la levantada popular frente al asesinato del líder colombiano Jorge Eliécer Gaitán. Fue el inicio de un largo y escabroso periplo de enfrentamientos armados entre grupos paramilitares, guardias blancas y guerrillas, a los que se sumaron los violentos carteles del narcotráfico, que desangró al país y lo convirtió en foco de conflicto permanente. También está lejos en el tiempo, pero cerca en el recuerdo, la masacre del Palacio de Justicia con decenas de asesinados, entre los cuales estaban 11 jueces de la Corte, en noviembre de 1986. Las propuestas de paz empezaron a promoverse desde la década de 1980, pero pese a los esfuerzos de importantes sectores de la vida política local e internacional, se vieron frustrados, hasta que en 2016 se concretó el último acuerdo. Colombia ha sido un gran receptor de las políticas de la agencia norteamericana USAID, a la vez que es el único país de la región que ingresó a la OTAN como socio global, lo que profundizó acuerdos en materia militar.
La importancia de Colombia fue entendida por Néstor Kirchner y Lula Da Silva, sendos presidentes de Argentina y Brasil, cuando en 2010 lideraron desde la UNASUR, el proceso de mediación garante de la paz entre Colombia y Venezuela. La declaración de este organismo acerca de Sudamérica como una tierra de paz no fue abstracta, sino que se tradujo en políticas concretas. Se trata de la comprensión de la importancia de la paz regional como condición para la integración de los pueblos, sin conflictos amenazantes de la estabilidad. Sin embargo, en 2020, de Colombia salió el contingente que intentó el desembarco golpista en las costas de Venezuela.
Tanto la deriva de los acuerdos de paz como la del conflicto social en Colombia, son asuntos que conciernen a toda nuestra América. La falta de una voz fuerte y una colaboración conducente para Colombia por parte de los organismos regionales y los estados vecinos, evidencian el estado de la declinación continental que no alcanza a revertirse aún. La OEA es, cuanto menos, vacilante y objeto de graves acusaciones, y la UNASUR y la CELAC, por ahora, impotentes. La recuperación de Sudamérica como zona de paz sin injerencia imperialista es una condición para el proceso de unidad regional y la vida de nuestros pueblos.
Los hechos recientes son la continuación de un largo proceso de violencia contra el pueblo ejecutado por grupos paramilitares en los últimos años. Desde la firma del Acuerdo Final de Paz han sido asesinados 904 líderes y defensores de derechos humanos y 276 excombatientes de las Farc-EP, según informó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en abril pasado (véase el sitio: https://www.jep.gov.co), mientras que las comunidades campesinas e indígenas son víctimas de amenazas, homicidios, desapariciones, secuestros, desplazamientos y otros ataques. Esto es un durísimo golpe a los de abajo: detrás de cada líder social y autoridad campesina e indígena asesinados, hay una organización social y comunidad que se debilita o destruye. La misión de la JEP es la búsqueda de la verdad, justicia y reparación de las víctimas del conflicto armado, para asegurar una paz duradera; la cual encuentra, por ahora, grandes dificultades.
El drama de Colombia es una parte central del drama latinoamericano. Hay razones históricas indicadoras de su trascendencia. La Gran Colombia, formada por Venezuela, Nueva Granada, Ecuador y Panamá, fue la plataforma política y militar de las fuerzas dirigidas por el Libertador Simón Bolivar, para triunfar frente al absolutismo monárquico de la Corona española. Su objetivo era la consolidación de una gran federación continental junto con el sur del continente, con una ciudad capital en el istmo panameño, en el cual avizoraba la construcción de un canal interoceánico. Las presiones de las oligarquías portuarias, los intereses ingleses y las luchas intestinas promovieron la separación de los países y deshacieron el proyecto bolivariano de unidad, después de la decisiva batalla de Ayacucho contra los absolutistas, ocurrida en 1824 en tierras peruanas. Estados Unidos le dio el zarpazo a Panamá, quitándosela a Colombia y asegurándose el dominio del Caribe y Centroamérica, entre 1895 y 1904. Tanto Cuba, con la enmienda Platt, como Panamá, con una constitución amañada, quedaron bajo la intervención imperialista de la política del gran garrote de Theodore Roosevelt.
En abril de1948 se fundó la Organización de Estados Americano en una primera reunión celebrada en Bogotá, bajo custodia por la levantada popular frente al asesinato del líder colombiano Jorge Eliécer Gaitán. Fue el inicio de un largo y escabroso periplo de enfrentamientos armados entre grupos paramilitares, guardias blancas y guerrillas, a los que se sumaron los violentos carteles del narcotráfico, que desangró al país y lo convirtió en foco de conflicto permanente. También está lejos en el tiempo, pero cerca en el recuerdo, la masacre del Palacio de Justicia con decenas de asesinados, entre los cuales estaban 11 jueces de la Corte, en noviembre de 1986. Las propuestas de paz empezaron a promoverse desde la década de 1980, pero pese a los esfuerzos de importantes sectores de la vida política local e internacional, se vieron frustrados, hasta que en 2016 se concretó el último acuerdo. Colombia ha sido un gran receptor de las políticas de la agencia norteamericana USAID, a la vez que es el único país de la región que ingresó a la OTAN como socio global, lo que profundizó acuerdos en materia militar.
La importancia de Colombia fue entendida por Néstor Kirchner y Lula Da Silva, sendos presidentes de Argentina y Brasil, cuando en 2010 lideraron desde la UNASUR, el proceso de mediación garante de la paz entre Colombia y Venezuela. La declaración de este organismo acerca de Sudamérica como una tierra de paz no fue abstracta, sino que se tradujo en políticas concretas. Se trata de la comprensión de la importancia de la paz regional como condición para la integración de los pueblos, sin conflictos amenazantes de la estabilidad. Sin embargo, en 2020, de Colombia salió el contingente que intentó el desembarco golpista en las costas de Venezuela.
Tanto la deriva de los acuerdos de paz como la del conflicto social en Colombia, son asuntos que conciernen a toda nuestra América. La falta de una voz fuerte y una colaboración conducente para Colombia por parte de los organismos regionales y los estados vecinos, evidencian el estado de la declinación continental que no alcanza a revertirse aún. La OEA es, cuanto menos, vacilante y objeto de graves acusaciones, y la UNASUR y la CELAC, por ahora, impotentes. La recuperación de Sudamérica como zona de paz sin injerencia imperialista es una condición para el proceso de unidad regional y la vida de nuestros pueblos.
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