Una caracterización común de la flamante alianza de gobierno es que
es trata de una nueva derecha por su concepción conservadora,
mientras que sus defensores alegan que ya no hay ni derechas ni
izquierdas y que en verdad ellos son el cambio y la unidad nacional.
Sin embargo, más allá de los límites en que el debate se presenta,
es posible realizar mayores precisiones.
La alianza gobernante, a juzgar por los
antecedentes de sus referentes como por el gabinete elegido se trata,
fundamentalmente, de una alianza entre multinacionales, el
empresariado local concentrado y la oligarquía agroexportadora, con
el respaldo del multimedio Grupo Clarín. Por los ministerios
desfilan representantes de Shell, JP Morgan, General Motors, Monsanto
y Deutsche Bank, de la UIA y de los patrones del campo, entre otros.
Para caracterizar al nuevo gobierno, entonces primero hay que hacerlo
con las multinacionales: éstas no son expresión de exitosos
emprendedores ricos y librepensadores –como los presentan los
centros de estudio del pensamiento liberal conservador-, sino que son
empresas pertenecientes a potencias extranjeras y forman parte de su
estrategia de expansión mundial como la historia general demuestra
invariablemente, con sus casas matrices en EUA, Inglaterra, Alemania,
Francia, etc.
Su política empresarial es proteger el interés
nacional de sus propios países en desmedro del interés colectivo
nuestro, mediante la apropiación directa de patrimonio argentino
público o privado (privatización de empresas estatales o
extranjerización de empresas privadas) o por la fuga de capitales
sin control estatal y el dominio de áreas vitales de la economía
(desde el comercio exterior hasta la siderurgia). No procuran la
reinversión productiva sino la remisión de utilidades. Este
alto empresariado local y extranjero, beneficiarios directos de la
reconversión económica y del sometimiento del país implementado
por la última dictadura militar, fueron también cómplices de las
prácticas represivas contra los trabajadores, como en el caso de
Ford, Mercedes Benz, Acindar, Siderca (Techint), Fiat, Ledesma, entre
varios más, como revela la investigación de la complicidad
empresarial en el período dictatorial en el marco de la comisión
bicameral del congreso de la nación. ¿Y los
políticos del Pro y la UCR? Bien gracias, a la saga del llamado
“círculo rojo” empresarial, la auténtica conducción del
proyecto.
Por otro lado, el anunciado giro hacia la Alianza del Pacífico y la
firma del TLC del MERCOSUR con Europa significaría el regreso de los
acuerdos de libre comercio como el derrotado proyecto del ALCA. Los
acuerdos de libre e igual comercio esconden, en verdad, la
desigualdad de competencia que llevan a la ruina a las producciones
locales y sirven principalmente para profundizar la expansión
económica y dominación de las potencias mundiales como Estados
Unidos en la región. La libertad referida ha sido siempre, en los
hechos, como la del zorro al cuidado del corral. Por eso, la medida
de su imposición será la del debilitamiento del proceso de
unificación regional enmarcado en la Unasur y Celac. Además, la
autonomía regional en el escenario mundial será sustituida por una
subordinación geopolítica a los intereses norteamericanos, lo que
también abre un interrogante acerca de la firmeza del reclamo de
soberanía territorial sobre Malvinas, actual base militar de la
OTAN. Mientras, el periodista proimperialista Andres Oppenheimer (de
El Miami Herald), se entusiasma por el cambio político en América
Latina que, según su parcial criterio, será dejar de estar aislados
del mundo –o sea de EUA- y en desmedro del populismo bolivariano –o
sea de la Patria Grande-. Ya hablan de “desideologizar la política
exterior” (La Nación, 7/12/2015).
No es una cuestión de partidos sino una cuestión nacional
Juan José Hernández Arregui sostenía, en su obra “La formación
de la conciencia nacional”, que la dictadura de 1955 tuvo por
objeto regresar al país al orden agroexportador, transferir la
riqueza nacional al sector ganadero y agrario y detener la
industrialización por imposición de las grandes potencias
exportadoras, disminuir el consumo interno, bajar el precio de la
mano de obra al servicio del capital colonizador, aplastar el
movimiento sindical organizado, entregar a los monopolios extranjeros
el control de la economía nacional que se había liberado de tutelas
y fiscalizar la producción industrial de acuerdo a esos intereses.
Hoy, la historia parece repetirse –aunque por vía de elecciones
libres y legítimas y no de un golpe de estado militar- con algunos
agregados de peso: la posición dominante del sistema financiero y el
alto nivel de concentración y extranjerización del empresariado en
el país, el contexto de una reconfiguración del poder mundial con
predominio de la alianza industria militar y el poder financiero
internacional. No es solo una cuestión de rentabilidad empresarial y
patronal sino además de destruir la autonomía nacional y
latinoamericana. Es la vuelta al viejo problema de la dependencia
económica y geopolítica, con sus efectos devastadores de
desigualdad y fragmentación para el país y la región. Este el
contenido reaccionario del programa de país presto a implementarse.
En los países dependientes como el nuestro, la democracia se
debilita en la medida de la falta de soberanía porque sin soberanía
no hay proyecto de nación posible, por eso las instituciones
democráticas parecen estar todo el tiempo a punto de derrumbarse.
Sin soberanía no hay instituciones fuertes ni conquistas sociales
posibles y duraderas, como orienta el Proyecto para el Modelo
Argentino de Juan Perón cuya referencia actual es ineludible.
Identificar los intereses de clase y del imperialismo será un
recurso fundamental contra este liberalismo conservador que, detrás
de la proclama abstracta del libre mercado oculta los nombres propios
de las empresas y bancos extranjeros con posición dominantes y, de
este modo, presenta al programa de la dependencia como el único
estado posible para nuestro país.
JA
Publicado en Señales Populares, abril 2016.
Publicado en Señales Populares, abril 2016.
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