¿QUÉ
ES EL MODELO?
¿QUÉ
SIGNIFICA
PROFUNDIZAR EL MODELO?
Aportes
a la esperanza nacional y a la militancia popular desde la
Corriente
Política Enrique Santos Discépolo
©
Centro Cultural Enrique Santos Discépolo, 2011
Hecho
el depósito de la ley 11723
Para
más información y reimpresiones comunicate al 4372-2358 o acercate
al Centro Cultural
Ilustración
de tapa: Ricardo Carpani
Cuadernos
de la Secretaría Política de la CPESD: LEON POMER, HORACIO CHITARRONI, DIEGO ESTRADA, HUGO RODRÍGUEZ, JAVIER AZZALI.
Secretario
General: Norberto Galasso
Horacio
Chitarroni/León Pomer/Javier Azzali/Diego Estrada/Hugo Rodríguez
¿QUÉ
ES EL MODELO? ¿QUÉ SIGNIFICA PROFUNDIZAR EL MODELO? Aportes a la
esperanza nacional y a la militancia popular desde la Corriente
Política Enrique Santos Discépolo
Una
nueva etapa
La
cuestión nacional que atraviesa toda nuestra historia y separa la
calle en dos veredas, implica una doble característica: la defensa
de la soberanía, que es la lucha por la independencia económica
frente a los poderes financieros extranjeros y la justicia social en
el orden interno. También implica la necesidad de luchar por la
reunificación de Nuestra América, lo que significa adoptar una
posición antiimperialista.
Entre
1976 y 2002 nuestro país sufrió, de diferentes modos, el dominio
del neoliberalismo, en donde los grandes poderes económicos de
carácter transnacional, junto con las oligarquías locales,
sometieron el Estado a sus intereses en desmedro de las mayorías
populares. Una política de destrucción de las instituciones
públicas, de abandono por parte del Estado de sus funciones sociales
y económicas, de ajuste, desindustrialización, especulación
financiera, endeudamiento estatal y recesión ahondó la dependencia
del país frente al capital extranjero dictada por el Consenso de
Washington y los planes impuestos por el FMI. El país fue
descapitalizado y la nación desintegrada en los hechos.
Alcanza con recordar el Plan Dornbusch (2002), que proponía que
nuestro país fuera una especie de protectorado bajo el control de
tecnócratas extranjeros.
Desde
el 2003 en adelante, se abrió una nueva etapa. Los
gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández –aunque no
lograron eliminar totalmente las huellas de ese pasado reciente–
abrieron el camino hacia la afirmación nacional y la justicia social
con la implementación de un programa de gobierno que dio lugar a lo
que se conoce hoy como “el modelo”, y que actualmente recibe el
apoyo de la mayoría de la población: rechazo al ALCA, unidad
latinoamericana, liberación de condicionamientos del FMI y del
Consenso de Washington, plena vigencia de los derechos humanos,
reemplazo del modelo económico especulativo por otro con énfasis en
la producción y el crecimiento del PBI, importante disminución
de la desocupación y la pobreza,
recuperación de los aportes previsionales de los trabajadores (que
antes eran capturados por el poder financiero a través de las AFJP),
la Ley de Medios Audiovisuales y la lucha por su efectiva
implementación, el recupero del rol del Estado en diversas áreas,
reconquista de derechos laborales mutilados, incorporación masiva de
trabajadores a los beneficios de la jubilación, apropiación y
desviación hacia la inversión social de la renta agraria
diferencial, fueron las medidas más importantes.
Antes
éramos
un país ficticio, hoy somos un país real porque hemos recuperado la
capacidad de implementar una política nacional –que,
como decía Jauretche, es aquella que dirige el destino del país en
vinculación con los intereses de las masas populares–
y la independencia económica. Mientras aún hoy, en un clima de
crisis mundial, perdura el neoliberalismo en Europa y Estados Unidos,
en Nuestra América los pueblos se unieron en apoyo de gobiernos que
coincidieron en oponer a las pretensiones del imperialismo
proyectos nacionales, populares y democráticos y, especialmente, con
una clara búsqueda de la unidad latinoamericana: nunca como en
ninguna otra época hubo tanta Patria Grande, para retomar la senda
abierta a principio del siglo XIX por Bolívar, Artigas y San Martín.
La lucha por la segunda y definitiva independencia continúa porque,
como dijo nuestra presidenta, Cristina Fernández: “argentinos,
tenemos patria”. Y este es el hecho fundamental de nuestro tiempo.
¿Qué
es el modelo?
Lo
que hoy se denomina “el modelo” es un conjunto de políticas
encaminadas a propiciar el fortalecimiento de un capitalismo de base
nacional, que busca incluir a los 40 millones de habitantes, con eje
en el desarrollo interno y con creciente autonomía frente a los
poderes económicos internacionales. No aislado de los mercados
externos pero fuertemente reorientado hacia la región y los países
llamados emergentes, como China e India. Superador del modelo de país
basado en la producción primaria –el “granero del mundo”
hegemonizado por las oligarquías locales, que muchos echan de menos
y los editoriales de La Nación evocan con nostalgia–
del que surge la contradicción principal dada entre las fuerzas
nacionales y las oligarquías financieras, agroexportadoras y
terratenientes.
En
forma similar a lo sucedido en los primeros gobiernos de Perón, con
“el modelo” el país se encamina hacia un desarrollo capitalista
de carácter nacional y autónomo, en el que el Estado se apropia de
una parte de la renta agraria diferencial (hoy dada por la soja
principalmente) -lo que implica una afectación parcial de la
propiedad de los sectores dominantes- y una creciente intervención
estatal para la reconducción del ahorro interno hacia el crecimiento
del país, el aumento de la inversión pública y la recuperación de
algunas empresas de servicios. El
Estado reasume así un rol regulatorio y orientador de la economía,
impulsa la demanda agregada, protege el mercado interno y arbitra la
puja entre el capital y el trabajo a favor de este último factor.
Todo
ello, junto con la ejecución de políticas de inclusión social,
recuperación de derechos de los trabajadores y distribución de la
riqueza. “El modelo” es por sobre todo la búsqueda de un camino
propio, guiado por el interés nacional y no un esquema importado
desde los centros de poder del capitalismo mundial, como lo fue el
neoliberalismo.
La
disyuntiva histórica
La
disyuntiva en que nos encontramos los argentinos hoy, no es más que
la reactualización de lo que Raúl Scalabrini Ortiz, desde FORJA,
llamaba las “dos rutas mayo”, es decir las dos alternativas de
desarrollo que hemos tenido desde nuestro origen como país. La
supremacía de la política sobre la economía, es decir del poder
estatal frente a las oligarquías y al capital concentrado y
extranjero, es el gran avance logrado como expresión de la soberanía
popular y la autodeterminación nacional que abrió paso al modelo de
país que la presidenta Cristina Fernández define como de
“estructura productiva diversificada con eje en el mercado interno
con inclusión social”, de soberanía nacional y de unidad
latinoamericana.
Se
trata de un País para
todos
a favor de la Patria Grande, por eso es un proyecto nacional (por
soberano), popular (por la búsqueda de la justicia social),
democrático (por el modo y la ampliación de la participación
política igualitaria), federal (por la búsqueda de la integración
equilibrada de todas las regiones del país) y latinoamericano (por
la vocación de unidad continental). El éxito en el logro de esa
transformación del país dependerá de la consolidación del frente
nacional bajo el liderazgo de la presidenta. El carácter
policlasista de este frente lo otorga la concurrencia de diferentes
sectores políticos y sociales que, deben priorizar la unidad para
lograr el cambio.
El
sustento económico del modelo
En
una breve síntesis y en términos de su sustento económico, el
modelo de desarrollo adoptado puede ser caracterizado por:
1)
El
mantenimiento de un tipo de cambio competitivo y alto, que otorga
ventajas a la producción nacional en un sostenido proceso de
sustitución de importaciones, de manera que la industria recobre
gradualmente un protagonismo en el crecimiento y la generación de
empleos como no lo había tenido durante muchas décadas.
Ello
fue
posible mediante las intervenciones del Banco Central en el mercado
cambiario, comprando divisas que permitieron, aumentar fuertemente y
a un nivel sin precedentes las reservas internacionales.
Estas
políticas se vieron favorecidas por las condiciones externas
favorables -utilizadas
por el actual gobierno y el precedente en beneficio de las mayorías
populares y no solo de los exportadores- consistentes en una
demanda mundial sostenida y precios muy altos de los productos
primarios que exporta Argentina, con un horizonte de largo plazo
determinado por el aumento del consumo por parte de países como
India y China.
Eso
desahogó el sector externo, generando un elevado ingreso de divisas,
a lo que el gobierno argentino sumó la firme voluntad política de
implementar un sendero de desarrollo que permitiera superar las
secuelas de la grave crisis mundial, impulsando la demanda agregada y
protegiendo el nivel de empleo.
2)
La implementación de las retenciones a las exportaciones primarias,
que hicieron posible atemperar el efecto de los altos precios
internacionales de los bienes primarios sobre la producción local,
al tiempo que fueron decisivas para aumentar los recursos tributarios
(también incrementados por la mayor recaudación por IVA y ganancias
debida al fuerte crecimiento económico).
El uso de los derechos de exportación e importación, en la
práctica, equivale a una política de cambios diferenciales en ambos
rubros, lo que permite mantener un dólar alto para alentar la
producción local de manufacturas, limitando, a su vez, los altos
ingresos de los exportadores de bienes primarios (granos, cereales,
carnes y minerales). Se reedita, a su modo, la estrategia
implementada por los gobiernos de Juan Perón, como forma de encarar
un desarrollo nacional con énfasis en la industria, alto nivel de
empleo y redistribución del ingreso, partiendo de una estructura
socioeconómica que se caracterizaba por el pronunciado desequilibrio
macroeconómico en términos de productividad entre el campo y la
industria.
3)
Todo ello permitió que la Argentina contara desde 2003 con superávit
gemelos: externo y fiscal, dejando de lado las restricciones propias
de las políticas económicas del pasado. Durante largo tiempo, cada
vez que la economía y el consumo interno crecían y aumentaba la
producción industrial, esta actividad demandaba ingentes divisas
para importar insumos, creando situaciones de déficit externo que se
solucionaban con planes de ajuste tendientes a deprimir el consumo
interno y devaluaciones abruptas destinadas a estimular las
exportaciones primarias a la par que ahogaban la producción
industrial local dado su bajo nivel de integración nacional. O bien
con endeudamiento ilimitado como ocurrió en el pasado más reciente.
Asimismo, cuando el gasto público aumentaba se generaban recurrentes
desequilibrios fiscales que debían ser cubiertos con emisión. Ambas
situaciones se conjugaban para impulsar una inflación crónica que
se mostraba resistente a las más severas recetas de ajuste y
solamente abatida en forma temporal durante la convertibilidad al
precio de naturalizar una tasa de desempleo de dos dígitos.
4)
Al mismo tiempo, desde 2003 se alentó fuertemente la actividad
productiva a través del aumento de la inversión pública –que
fortaleció a la construcción y a la industria a través de la obra
pública– y se impulsó el consumo interno mediante el incremento
del salario mínimo vital y móvil y de las jubilaciones, así como
la moratoria previsional. Más recientemente, la asignación
universal por hijo se sumó a estas medidas destinadas a la inclusión
social y el fortalecimiento de la demanda interna.
5)
Con estas políticas heterodoxas de expansión, el país dejó de
estar en la mira del capital externo como en otras épocas, por lo
que debió y pudo financiar su propio crecimiento con ahorro interno.
Sumado a esto, el hecho de que el consumo interno se constituyera en
el principal motor de la economía y que el aumento de la inversión
pública actuara como política contracíclica, en esa etapa adversa,
permitió que el país minimizara el impacto de la crisis mundial en
su momento de auge, evitando así mayores daños.
6)
El otro pilar fundamental del “modelo” fue el desendeudamiento:
el peso de la deuda pública se redujo a una tercera parte de lo que
había llegado a ser en términos del PBI. Eso fue posible con una
quita de magnitud sin precedentes en la historia, la cancelación
total de lo adeudado al FMI y el pago con reservas, que liberó
recursos para el gasto público y social. Esto último contrariando
la opinión de los economistas ortodoxos, para quienes el Banco
Central solo debe ocuparse de cuidar la estabilidad monetaria.
¿Qué
significa profundizar el modelo?
El
interrogante acerca del significado de la profundización del modelo,
adquiere centralidad en la nueva etapa histórica en la que los
argentinos ingresamos. Muchos hablan de apoyar al proyecto nacional
pero no todos le dan el mismo significado, por lo que se torna
imprescindible, para las mayorías populares, avanzar en precisiones
que sirvan de orientación. A través de este documento, la Corriente
Política Enrique Santos Discépolo se propone aportar a este debate.
Desde
el editorial de Señales Populares de julio 2009 señalábamos acerca
de la necesidad de avanzar más en el camino liberador: “Como
decía Manuel Ugarte: ’Nada hay más peligroso que los cambios a
medias’. Porque el enemigo percibe que están yendo por sus
privilegios y reacciona más rápidamente que los amigos que serán
beneficiados por el cambio. De ahí que la profundización de las
medidas transformadoras resulte imprescindible. Y para ello es
preciso construir el gran Frente de Liberación Nacional sustentado
fundamentalmente en los trabajadores, pero no sólo en sus votos,
sino en su presencia en las calles, en la movilización popular, como
así también la elevación del debate ideológico que destruya las
falsedades y mitos de toda clase difundidos por la propaganda
mediática, como asimismo plantar un proyecto claro y contundente
apelando a los mejores cuadros del campo nacional”.
La
consolidación del Frente Nacional es estratégica porque profundizar
el modelo es superar las contradicciones en el seno del pueblo del
modo más transformador posible, evitando al mismo tiempo cualquier
aprovechamiento reaccionario por volver al pasado reciente. Como el
debate ideológico ocupa ya un rol fundamental, desde la Corriente
Discépolo encontramos necesario intentar precisar cuáles serían, a
nuestro juicio, las
tareas que constituyen
objetivos
estratégicos para el proyecto nacional,
algunas de concreción más rápida y otras probablemente a más
largo plazo, que harían avanzar en forma irreversible el actual
proceso en un rumbo de fortalecimiento nacional y de justicia
social. No hay dogmatismo ni principismo en esto, sino por el
contrario, la vocación de aportar a la lucha de ideas necesaria para
darnos cuenta en qué momento de la historia nos encontramos y hacia
dónde podemos ir, con la certeza de que la tarea involucra tanto a
la conducción del Estado como al movimiento nacional y de que, como
dicen las Madres de Plaza de Mayo, la única lucha que se pierde es
la que se abandona. Esos objetivos estratégicos, a nuestro entender,
son:
1)
La unificación de América Latina.
La
tarea histórica fundamental de nuestro tiempo es concretar la
anhelada unidad latinoamericana y dejar de ser los Estados desunidos
de América del Sur. Así como nunca hubo tanta disposición a la
unidad como en la actualidad, con la UNASUR hemos creado el
instrumento para concretarla. Hay
que avanzar en la integración regional fortaleciéndola y realizando
el demorado proyecto de un Banco del Sur para movilizar los recursos
propios y promover el desarrollo sin depender del capital externo,
posibilitar la
interconexión de las diferentes regiones del continente (unificando
de hecho el territorio), y avanzar decididamente en la integración
energética.
También sostener y aumentar los proyectos de inversión promovidos
por la UNASUR que, dado su potencial financiero, serían
fundamentales para la promoción de una infraestructura de magnitud y
de base al servicio del desarrollo productivo interno. En
lo inmediato, lo importante sería prescindir del dólar en el
comercio intrarregional, mediante el establecimiento de un sistema
multilateral de pagos con monedas locales y, solo a largo plazo –dada
la experiencia negativa de la Comunidad Económica Europea–, cuando
las asimetrías entre los países hayan sido superadas o atenuadas,
pensar la viabilidad de una sola moneda.
La
única revolución posible en nuestro continente es la unidad
nacional latinoamericana, en un camino de autodeterminación
económica, política y cultural: ese es el rumbo que estamos
comenzando a transitar junto con el resto de los países hermanos,
aún con la originalidad y especificidad de cada país y de cada
gobierno.
Además, en la nueva geopolítica latinoamericana, nuestro país
podría cumplir la función de centro abastecedor de alimentos del
continente.
La
profundización de políticas nacionales consecuentes con los
intereses populares seguramente dará lugar a fuertes presiones
internacionales, en particular por parte de los países centrales,
como les ocurre actualmente a Hugo Chávez en Venezuela, a Evo
Morales en Bolivia y a Rafael Correa en Ecuador. Para fortalecer la
defensa de las mismas, se hace imprescindible la consolidación de la
Junta de Defensa
ante cualquier prepotencia imperialista y la denuncia del TIAR, lo
que crearía condiciones para eliminar definitivamente la Doctrina de
la Seguridad Nacional de nuestras fuerzas armadas y contribuiría a
dar cobertura al
proceso integrador que es, en definitiva, el único modo de resistir
el probable intervencionismo de las potencias hegemónicas.
2)
La
Organización política de las mayorías populares con protagonismo
de los trabajadores y las juventudes, para
consolidar
el Frente Nacional.
Es
esta tal vez la principal tarea del movimiento nacional en el plano
interno: la construcción de
poder popular, de abajo hacia arriba con relaciones horizontales, más
allá de los aparatos y los acuerdos de cúpula, para que desde las
bases surja un mandato nacional, popular y democrático con la
suficiente fuerza como para impulsar la renovación de cuadros
dirigentes de ideología conservadora que aún perduran, tanto a
nivel municipal como provincial, y que solo la organización desde el
pie los sustituirá. El rol de las mayorías populares en el frente
de liberación está en dar la base de sustentación a la
redistribución de la riqueza y la puja entre capital y trabajo, la
justicia social y los reclamos democráticos desde una posición
antiimperialista: es tarea fundamental de los trabajadores lograr una
mayor organización política y conciencia nacional y popular, para
lo cual la formación de cuadros es tarea ineludible. Ello es también
la auténtica garantía para la sucesión presidencial y la
profundización y continuidad del proyecto nacional tras el segundo
mandato de Cristina. El fortalecimiento de los
trabajadores (tanto urbanos como rurales) y su organización política
son estratégicas para orientar el contenido popular del frente
nacional. Para ello es necesario que las organizaciones populares y
de los trabajadores avancen desde una conciencia gremial y sectorial
a una conciencia política de carácter nacional.
3)
La
nacionalización de la economía.
Es
un objetivo estratégico profundizar la nacionalización de la
economía como único modo de que el excedente socialmente producido
sea reconducido al servicio del interés nacional y la justa
distribución de la riqueza; en especial respecto del aparato
productivo, que hoy todavía se encuentra mayormente en manos del
capital extranjero, hay que avanzar en su desconcentración y en la
planificación de la economía en general a partir de un rol
protagónico del Estado. Uno
de los resultados más nefastos para los intereses nacionales, como
consecuencia de las políticas neoliberales aplicadas desde la
década del 70 en adelante, fue el gran predominio que adquirió en
nuestra economía el gran capital trasnacional –principalmente por
intermedio de las corporaciones. Desde 2003 se han dado pasos
fundamentales tendientes a construir una economía nacional, pero aún
es imperioso limitar el poder del capital extranjero por varias
razones. Por un lado, por la capacidad desestabilizadora que podrían
ejercer sobre el gobierno nacional y popular unas corporaciones
dotadas de tanto poder económico. Y, por otro lado, debido a la
importante sangría de recursos que significa el flujo de ganancias
empresarias hacia el exterior (las declaradas y también las
ocultas). Para ello se hace necesario fortalecer a los sectores
empresarios nacionales –en particular las pequeñas y medianas
empresas y los actores de la economía social– así como
incrementar la capacidad empresarial del Estado, de modo que puedan
gradualmente aumentar su presencia en las áreas productivas
estratégicas que hoy hegemonizan los capitales extranjeros.
Hay
que reformar la ley de inversiones extranjeras –que viene de la
dictadura– discriminando a favor del capital local y distinguiendo
sectores estratégicos que deben ser estimulados y requieren estar en
manos nacionales. Con este sentido, hay que denunciar el tratado de
protección recíproca de inversiones firmado por el gobierno de
Menem con los Estados Unidos (ley Nº 24.124) porque contiene
cláusulas sumamente inequitativas para nuestro país y somete la
solución de controversias al CIADI (Centro Internacional de Arreglo
de Diferencias Relativas a Inversiones), institución al servicio de
los países centrales, con la que Argentina tiene una nefasta
experiencia a raíz de las demandas iniciadas por los
ex-concesionarios de empresas privatizadas. No
se pretende expulsar a las inversiones extranjeras, pero lo que se
debe lograr es que en nuestro país el rol dominante lo tengan las
empresas nacionales –así caracterizadas por estar al servicio del
interés nacional y no como socios menores del capital transnacional–
y el sector público. Para lograr esto será necesario que el Estado
profundice en el desarrollo de sus capacidades e instrumentos de
intervención para poder asumir directamente las responsabilidades
que devuelvan el control de la economía nacional a los argentinos.
Sobre ello tratan también los siguientes puntos.
4)
La
desprimarización de la economía y la diversificación de la
estructura productiva.
Hay
que sostener el rumbo económico vigente, fortaleciendo el desarrollo
industrial con creciente integración y diversificando las
exportaciones con mayor valor agregado, porque los precios
internacionales de las materias primas son fluctuantes y podrían
retroceder. Ello es esencial para poder mantener el doble equilibrio
fiscal y externo. Es crucial el papel que en ese sentido debe jugar
la industria nacional: el gobierno ya ha dado pasos implementando
créditos blandos a través de la banca pública y protegiendo el
mercado interno mediante las licencias de importación no
automáticas. El Plan Estratégico Industrial que prevé como meta
para 2020 duplicar el PBI del sector es un paso importante en esa
dirección. Es preciso profundizar
la expansión de la economía y la demanda porque de ese modo se
fortalece el desarrollo con eje en el mercado interno. El objetivo
estratégico es que alguna vez la actividad industrial sea la que
subsidie a la agrícola tal como ocurre en países con economías
poderosas (como dijo la presidenta), para lo cual se requiere la
creación de un Banco Nacional de Desarrollo con el fin de sustentar
y promover la producción nacional. Es necesario, asimismo,
profundizar políticas y leyes antimonopolios con la finalidad de
reducir el elevado grado de concentración que registra la industria,
en especial en la provisión de artículos de primera necesidad –como
es el caso de los alimentos–o
de insumos básicos –como lo es el del acero. Hay que modificar la
ley de patentes de invención, promulgada bajo el gobierno de Menem,
que por otra parte es necesario armonizar con la de los miembros del
Mercosur, especialmente con Brasil, cuya ley protege mejor que la
nuestra a la industria local.
5)
El control nacional de los recursos estratégicos.
Es este un objetivo geopolítico en el escenario mundial de crisis
del capitalismo, de crecimiento demográfico y de la demanda de
energía y alimentos. Es estratégico que los hidrocarburos, el
acero, la siderurgia, la minería y las nuevas tecnologías estén
bajo control nacional; mientras tanto, hay que imponer restricciones
y retenciones a la exportación de minerales. Es imprescindible
profundizar la diversificación de la matriz energética. No puede
permitirse que continúe la exportación de hidrocarburos sin
asegurar las reservas mediante nuevas prospecciones, a riesgo de
precipitar una crisis energética en el futuro. Los
recursos naturales son patrimonio del conjunto de los argentinos por
lo que hay que superar la denominada “provincialización”, tal
como lo disponía la Constitución de 1949 en cuanto a la
nacionalización de los recursos del subsuelo. Lo mismo cabe decir de
la propiedad de la tierra (recurso estratégico, escaso y cuyo uso no
admite la competencia), respecto de la cual aquella carta magna
asignaba al Estado Nacional la incumbencia de fiscalizar su
distribución y utilización.
Hay que implementar un Plan Nacional Agropecuario bajo el mando y
planificación del Estado nacional, y para ello hay que derogar y
modificar todo el andamiaje legal heredado anterior a 2003. Hay que
impulsar –como lo pidió la presidenta– una ley que preserve la
propiedad de la tierra en áreas de frontera. Es
estratégico avanzar, mediante la planificación estatal, en la
reversión de la extranjerización de la propiedad y tenencia de la
tierra, así como en su
desconcentración, y someter a la clase terrateniente, los pooles
de siembra y el capital extranjero, con la implementación de formas
de arrendamiento y producción que favorezcan a los pequeños
productores y a la agricultura familiar y comunitaria. Debe
procurarse el ordenamiento territorial del país y la defensa del
medio ambiente urbano y rural (controlando y limitando la polución
atmosférica, la contaminación de las aguas, cuidando la defensa de
los bosques, el reciclado de residuos urbanos y su utilización
industrial, etc.). Respecto de la minería a cielo abierto, y en lo
que atañe a defensivos agrícolas como el glifosato, son necesarias
políticas de control más vigorosas por parte del Estado Nacional,
que estén destinadas principalmente a prevenir el daño y, en su
caso, tiendan a reparar el mismo cuando éste ya se haya
materializado.
6)
El Estado como regulador de la economía y la producción.
Hay
que avanzar en el recupero de lo que fue el patrimonio público –como
ya se lo hizo con el Correo Argentino, Aerolíneas y AYSA. Hay que
recuperar la petrolera estatal y avanzar en la reconstrucción,
modernización y desarrollo de la red ferroviaria, la que debería
volver a manos del Estado y extenderse en forma igual y en red por
todo el territorio abandonando definitivamente la forma de abanico
hacia el puerto de Buenos Aires. Hay que desarrollar la industria
naval, la fabricación de aviones y helicópteros civiles y militares
e impulsar la transformación definitiva del Estado como instrumento
de defensa de los intereses nacionales y los sectores populares.
También la creación de empresas estatales en áreas fundamentales
de la economía, reeditando aquella poderosa franja de empresas
estatales del peronismo histórico.
La
expansión de la presencia del Estado se articula estrechamente con
la posibilidad de estimular el desarrollo de las empresas nacionales
en la industria y también en los servicios. Ello puede hacerse a
través del compre nacional, discriminando a favor de las empresas de
capital local en las adquisiciones y contrataciones del sector
público. En 1973 se creó una Corporación de Empresas Públicas
que, entre otras funciones, contemplaba la coordinación de estas
acciones.
Asimismo
es preciso avanzar con la regulación normativa de todas las áreas
económicas para que nada quede librado a las imposiciones del
mercado y el capital extranjero.
Se
debe ampliar
la producción nacional de medicamentos a cargo de laboratorios del
Estado, los ya existentes y los que sea necesario crear,
contribuyendo al abaratamiento de los productos. Sería fundamental
procurar el trabajo conjunto con Brasil en esta área y en la energía
atómica para su utilización en finalidades médicas. Hay que
modificar la ley de Transferencia de Tecnología (Ley Nº 22.426),
heredada de la dictadura cívico-militar (Martínez de Hoz), cuya
excesiva liberalidad es una invitación a que las corporaciones
multinacionales lleven a cabo escandalosas maniobras para fugar
capitales al exterior disfrazadas de pagos de “regalías” por
tecnologías, en muchos casos, inexistentes. También,
la Ciencia
y el desarrollo de la Tecnología deben ser actividades al servicio
de las necesidades concretas del país, el interés nacional y la
defensa de la soberanía. El uso y desarrollo del conocimiento es la
clave del crecimiento económico y la autodeterminación nacional
para el siglo XXI por lo que es también un objetivo geopolítico. La
inversión pública en ciencia y tecnología debe financiarse con
recursos genuinos propios y no con créditos del BID o aportes de
empresas privadas, que condicionan los planes nacionales en la
materia y disputan las patentes de los descubrimientos logrados.
7)
La nacionalización del comercio exterior. El
comercio exterior es la principal vía de obtención de divisas y la
más legítima, en tanto las alternativas –el ingreso de capitales
y el endeudamiento externo– minan las bases del desarrollo a corto
plazo. El país debe aprovechar sus ventajas comparativas pero sin
permitir que las elevadas rentas provenientes de las commodities
primaricen la economía, como ya señalamos. Para ello deben
mantenerse retenciones que capturen una parte de las rentas
diferenciales provenientes de la dotación de factores naturales y
debe garantizarse un tipo de cambio competitivo que permita la
diversificación de la producción y las exportaciones, con creciente
valor agregado. La centralización del comercio exterior a través de
un organismo estatal debe garantizar el ingreso de la totalidad de
las divisas provenientes de las exportaciones, evitando la
subfacturación, así como las maniobras de sobrefacturación de
importaciones, mecanismos ambos que facilitan la evasión de
capitales.
Esto nos llevaría a reactualizar la experiencia peronista del IAPI.
Es necesario que el gobierno nacional ejerza un control efectivo del
comercio exterior, principalmente en los rubros estratégicos. En
algunos casos, es preciso que el Estado centralice las operaciones
para mejorar el poder de negociación internacional (como lo hizo
Japón en la posguerra con el célebre MITI).
8)
La nacionalización del sistema financiero.
Hay
que reformar la ley de entidades financieras que es un resabio de la
dictadura cívico militar para poner el crédito al servicio de la
producción nacional, del mercado interno y de la ampliación de la
oferta, definiendo
que el servicio financiero es un servicio público.
Una alternativa es la nacionalización de los depósitos bancarios
como se hizo en el último gobierno peronista, esquema en el que los
bancos privados reciben los depósitos por cuenta del Banco Central,
que puede realizar una política de fijación de la tasa y de
regulación del crédito en función de las prioridades del
desarrollo.
Pero
además, la banca pública debe cumplir una función esencial, de
fomento de la actividad productiva –en
particular atendiendo a las pequeñas y medianas empresas con
dificultades de acceso al mercado financiero–
y de ampliación de la oferta de crédito hipotecario destinado a los
sectores populares, que no reúnen los requisitos exigidos por la
banca privada.
9)
La reforma tributaria con equidad y sentido redistributivo. Hay
que asegurar solvencia fiscal para sostener la inclusión social y la
inversión pública. Para eso hace falta una reforma tributaria que
grave los ingresos más elevados y las rentas financieras de las
personas y las herencias, así como
las transferencias financieras y las ventas de acciones de sociedades
anónimas,
además de mantener las retenciones.
También, hay que imponer severas sanciones a las grandes empresas
que eluden pagar impuestos y revisar las leyes que abren espacios
para la evasión legal (elusión) y tender a la eliminación del IVA
en los productos de amplio consumo popular. En el caso del impuesto a
las ganancias, con miras a aumentar su progresividad, debiera
disminuirse la carga sobre los salarios –en especial en el caso de
los ingresos medios- y como contrapartida gravar con tasas
fuertemente progresivas las súper ganancias empresarias.
10)
La batalla contra la inflación. Hay
que batallar contra la inflación que reduce la ventaja cambiaria
(uno de los soportes económicos del “modelo”) controlando costos
de las grandes empresas monopólicas, gravando las ganancias con
márgenes excesivos y facilitando y estimulando la inversión
productiva para ampliar la oferta. La ley impulsada por la CGT de
participación obrera en las utilidades puede ser también un
instrumento para el control de los costos.
Todo
ello constituye una herramienta clave en la lucha por el ingreso y en
la resolución de la puja redistributiva a favor de los trabajadores.
En esta línea debe incluirse el Pacto Social impulsado desde el
gobierno nacional.
11)
Los derechos de los trabajadores. La
recuperación de la clase trabajadora, tanto a nivel de su ocupación
y en la relación capital trabajo como en cuanto a la organización
gremial, es uno de los hechos fundamentales de esta época. Aunque se
han dado avances importantes, debe profundizarse aún más la
gradual
reducción del empleo precarizado y/o no registrado para evitar la
existencia de un mercado de trabajo segmentado, en el que convive un
colectivo de trabajadores bajo convenio, protegidos, organizados y de
crecientes ingresos, con otro de menores ingresos y precarizados o no
registrados, sin posibilidad de defensa de sus derechos y condiciones
de vida. También debe computarse la lucha contra el trabajo esclavo
en los ámbitos rurales y semirrurales.
Es
preciso profundizar el trabajo digno: las leyes ya en trámite que
regularán el trabajo doméstico, el domiciliario y el rural van en
ese camino.
Debe seguir aumentándose la capacidad de inspeccionar por parte de
la AFIP y el Ministerio de Trabajo para luchar contra el trabajo
esclavo, no registrado y con baja remuneración. Hay
que afianzar el crecimiento del empleo formal y calificado que empuja
hacia arriba el salario promedio. También, legalizar definitivamente
las situaciones de las fábricas recuperadas, haciéndolas propiedad
de sus operarios. Es imperioso que el Estado Nacional blanquee la
injusta situación
laboral de numerosos trabajadores del sector público que, con pretendido sustento legal en decretos promulgados en los años de furioso
neoliberalismo, conforman un régimen altamente discriminatorio. Nos referimos a la existencia, en muchas reparticiones públicas,
de empleados de planta permanente, de planta transitoria y de personal
contratado –estas dos últimas son formas solapadas de “trabajo
basura”. El gobierno debe comenzar por dar el ejemplo en la batalla que viene
librando contra el trabajo no declarado, tanto en la actividad privada como en la pública, si es que no quiere incurrir en una injustificable
contradicción. Esta es una importante deuda pendiente que el Estado
debe saldar.
laboral de numerosos trabajadores del sector público que, con pretendido sustento legal en decretos promulgados en los años de furioso
neoliberalismo, conforman un régimen altamente discriminatorio. Nos referimos a la existencia, en muchas reparticiones públicas,
de empleados de planta permanente, de planta transitoria y de personal
contratado –estas dos últimas son formas solapadas de “trabajo
basura”. El gobierno debe comenzar por dar el ejemplo en la batalla que viene
librando contra el trabajo no declarado, tanto en la actividad privada como en la pública, si es que no quiere incurrir en una injustificable
contradicción. Esta es una importante deuda pendiente que el Estado
debe saldar.
12)
La inclusión social. Hay
que encaminarse decididamente a eliminar en forma total la pobreza y
la indigencia, pese a que somos conscientes que es inherente al
capitalismo la existencia de una suerte de “ejército de reserva”
como dispositivo disciplinador de la clase trabajadora. Es preciso
propiciar una política de acceso a la vivienda digna y adecuada, que
incluya urbanizar las villas miseria, la posibilidad de acceso a
líneas de crédito subsidiadas destinadas a los sectores de menores
ingresos. Debe priorizarse la lucha contra los bolsones de pobreza
urbanos y rurales a través de la promoción del acceso al empleo y
también de las políticas de transferencias directas que garanticen
la satisfacción de las necesidades básicas, con especial énfasis
en la seguridad alimentaria. Para ello, debe fortalecerse
la agricultura familiar y la organización de comunidades campesinas,
y avanzar
en la diversificación de las exportaciones con creciente valor
agregado, que irán sustituyendo el denominado “modelo sojero”,
con sus consecuencias nocivas para la agricultura familiar y el medio
ambiente. Debe sostenerse
la Asignación Universal por Hijo y a las mujeres embarazadas y
profundizar la actual política previsional, de amplia cobertura y
movilidad de los haberes previsionales. También, es preciso prestar
particular atención a las reivindicaciones de los pueblos
originarios con la recuperación y afianzamiento legal de la
propiedad de las tierras ancestrales ocupadas y usurpadas por
terceros, y el reconocimiento de la propiedad comunitaria. Debe
garantizarse el acceso de sus miembros a los servicios básicos de
salud y educación y los contenidos educativos deben expresar la
cosmovisión cultural, social y política de estos pueblos.
La
lucha contra la pobreza y sus secuelas también contempla ampliar el
acceso a los bienes no materiales: por ejemplo a través de la
creación de centros de socialización dotados de comodidades para
deportes, salones de actos, proliferación de actividades culturales,
en primer lugar a cargo de las personas más allegadas a los mismos,
sin perjuicio de abrirse hacia otros ámbitos sociales (algo similar
a los clubes de barrio pero con mayor riqueza y diversificación de
la actividad cultural y deportiva protagonizada principal pero no
exclusivamente por las personas de la zona).
13)
La batalla cultural.
La lucha por la liberación nacional necesita de la consolidación de
un proyecto cultural propio a modo de una propuesta integrada de
carácter contrahegemónico. Lograr la total y efectiva
implementación de la Ley Nacional de Medios Audiovisuales es una
tarea fundamental. Hemos dados importantes avances por dejar atrás
el modelo implantado por el neoliberalismo en los aspectos
económicos, pero aún perdura, casi indemne, esa superestructura
cultural que lo acompañó y sirvió para darle sustento: el
multimedios Clarín, cuyo hito fundamental fue la apropiación ilegal
de Papel Prensa durante la dictadura cívico militar, es uno de sus
grandes pilares.
Por
eso entendemos que la creación de una nueva cultura nacional,
popular y democrática con base en las mejores tradiciones de
nuestras luchas, es la gran batalla política que debe darse. Ahora
es el momento de dar la batalla
contra la colonización pedagógica que también debe realizarse
desde la educación oficial. En
este sentido, se destaca la tarea realizada en el contexto de la
Dirección de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, con la
publicación de “El Cronista del Bicentenario” de distribución
en los colegios, y en el que se explica la historia argentina desde
la visión del revisionismo histórico federal provinciano y
socialista.
Zonceras
tales como “todos vivimos del campo” o “somos la Gran
Argentina agropecuaria” deben ser definitivamente superadas para
evitar cualquier posibilidad de “regorilización” de la sociedad
que abra el camino a una restauración conservadora.
Hay
que favorecer que sindicatos, cooperativas y en general instituciones
populares puedan ingresar en el mercado audio visual con nuevas
radios y canales de televisión.
14)
La cuestión del federalismo.
Este
es un punto estratégico, relacionado con la finalidad de
instaurar un proyecto de desarrollo productivo que integre a las
distintas regiones del territorio argentino, equiparando las
desigualdades entre ellas y promoviendo la diversificación de las
actividades productivas en cada una, con protagonismo de los sectores
populares, a partir de la acción decidida y fuerte del Estado
nacional. Para lo cual es imprescindible, como ya señalamos, la
recuperación
de los recursos naturales por parte de la Nación. Es un objetivo
estratégico la superación de la concepción del federalismo como
falsa antinomia entre intereses provinciales y nacionales (a partir
del cual se justifica la “provincialización” de las rentas de
los recursos naturales y que fue la base de la reacción de las
patronales del agro contra el gobierno nacional en 2008, cuando el
voto no positivo del vicepresidente Cobos se hizo en nombre del “país
federal”), que ha servido históricamente a los sectores dominantes
–entre ellos, las elites conservadoras locales– para poner
límites a la intervención estatal y facilitar el ingreso del
capital extranjero. En los años noventa, la descentralización de
los servicios públicos (como la educación por ejemplo) fue parte de
la estrategia del neoliberalismo para debilitar y desintegrar al
poder estatal. Sólo a partir de la acción de un estado nacional
fuerte que intervenga en la explotación y el uso de las rentas
extraordinarias (la agrícola especialmente, pero también los
hidrocarburos y la minería) pueden distribuirse con equidad estos
recursos para el desarrollo de la totalidad de las economías
regionales, con protección del medio ambiente y de las comunidades
locales, campesinas e indígenas. Este es el auténtico federalismo
popular. En este contexto, en algún momento se definirá el mandato
constitucional no cumplido de dictar una ley de coparticipación que
sea expresión de estos intereses y un nuevo pacto federal.
15)
Profundizar la democracia política y social.
Es parte de la lucha por la igualdad real y el ejercicio de la
soberanía popular la superación definitiva de la crisis de
representación política creando las vías de participación desde
las bases que garantice la libre participación política de los
sectores populares en organizaciones de base, movimientos sociales y
comisiones internas de sindicatos.
Deben
promoverse formas de participación en la discusión de los pequeños
e inmediatos problemas cotidianos y los grandes problemas nacionales.
Todos los argentinos deben sentir que el país es de todos, a
comenzar por los sectores más populares.
En otro orden, debe consolidarse una política democrática de
seguridad ciudadana, en línea con los derechos humanos, fundada en
el diálogo como método de resolución de conflictos y en el
sometimiento a los mandos constitucionales de las fuerzas de
seguridad y militares, que es clave para prevenir cualquier intento
reaccionario.
16)
Acceso a la salud y la educación.
¿Qué clase de modelo educativo y sanitario queremos planificar para
todos los habitantes del país? ¿Uno inclusivo y democrático o
exclusivo y elitista? Largos años de aplicación de políticas
neoliberales y la necesidad que tiene el capitalismo de ampliar
permanentemente el campo de sus negocios y de acumulación privada
han llevado a que amplios sectores de servicios sociales esenciales,
como son la salud, la educación y la seguridad públicas, pasen a
ser considerados espacios para la actividad lucrativa de empresas
privadas. Resulta obvio que si el Estado pudiese garantizar el acceso
universal a estos servicios esenciales en un alto nivel de calidad,
aunque se mantenga la posibilidad de la actividad privada en ellos,
ésta jamás podría alcanzar las proporciones que hoy ha logrado.
Por lo tanto, las políticas en estas áreas deberán tender a
fortalecer la provisión de los servicios desde el sector público y
no a estimular la participación privada, orientada siempre en la
búsqueda exclusiva de ganancias.
Debe
avanzarse en garantizar el acceso a la salud para todos los
habitantes del país, en hospitales públicos dotados de las más
avanzadas tecnologías médicas actuales y el acceso rápido a la
atención básica en centros de atención primaria, en especial en
las áreas rurales y urbanas pequeñas donde no exista un hospital
próximo.
En
cuanto a la educación, si bien el aumento del presupuesto en el área
a más de 6% del PBI es un logro importante de los gobiernos de
Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, la realidad es que el
actual sistema educativo sigue siendo sumamente desigual y
discriminatorio. Se está tornando una realidad innegable que existe
en nuestro país una educación para “pobres”, el sistema
estatal, y una educación para “ricos”, el sistema privado. No es
razonable que la enseñanza privada reciba subsidios del Estado
Nacional, en tanto que el sistema público de educación no garantice
el acceso gratuito a todos los argentinos a una educación de alta
calidad. Este debería ser el objetivo a alcanzar. Seguramente, el
día que lo logremos, el sistema de educación privada se verá
reducido a su mínima expresión. Deben, en consecuencia, suprimirse
todos los subsidios al sistema privado para ser aplicados al
mejoramiento de la calidad de la educación pública estatal. Esto es
también la base de una nueva cultura nacional, popular y
democrática.
17)
La cuestión de género: Deben
profundizarse los sustanciales avances que han tenido lugar en este
materia. La presidenta Cristina Fernández representa la mejor
política, desde lo práctico y lo simbólico, contra el machismo,
que constituye una pesada rémora en América Latina. Programas de
salud reproductiva, que eviten la altísima tasa de mortandad de la
mujer actualmente existente, así como la prevención del embarazo
adolescente deben integrar la política de estado. También debe
encararse la lucha contra la discriminación laboral, hasta abatir
las brechas de género existentes en los salarios y posibilitar el
acceso de las mujeres al empleo en los niveles jerárquicos en
paridad con los varones. Una consigna debe ser asumida por todos: no
hay liberación nacional sin liberación de la mujer.
¿Hacia
dónde vamos?
¿Es
posible una reforma constitucional? Al
igual que la posibilidad de avanzar en las transformaciones más
profundas, ello dependerá del estado de las relaciones de poder a
favor del movimiento nacional y popular. Pero como objetivo
estratégico a largo plazo, y para darle base institucional a la
liberación nacional y latinoamericana, creemos que la consolidación
de la nueva institucionalidad que irá generando la transformación
revolucionaria del país, deberá derivar en una reforma
constitucional que, entre otras cosas, consagre la función social de
la propiedad, la nacionalización de la economía, el control
nacional de los recursos estratégicos, la inclusión social, la
soberanía y la unidad latinoamericana, con el fin de declarar la
ilegalidad de cualquier intento de retroceso al pasado.
¿Hay
una alternativa socialista al capitalismo? Todas
las reflexiones precedentes no pretenden, pues, constituirse en un
listado exhaustivo ni en una cartilla que pase revista a la totalidad
de las tareas pendientes: mucho menos es una plataforma electoral. No
hay un punto de llegada en los procesos históricos y sociales. La
historia no termina sino que es un camino abierto por el que los
pueblos buscan su rumbo, al que no es posible fijarle tiempos. Todo
cuanto puede hacerse es avizorar ese rumbo y contribuir a avanzar por
él. Ardua será la tarea del próximo gobierno popular por lo que,
ahora más que nunca, es el momento de consolidar la organización
del movimiento nacional para actuar y movilizarse. Las luchas
nacionales de los pueblos pueden conducir, si se profundizan, a crear
las condiciones para la sustitución de las relaciones de producción
capitalistas (en estas últimas la producción colectiva es apropiada
en forma particular por las clases dominantes) por otras propias de
una nueva sociedad de iguales, tendientes a la socialización de la
producción, con plena justicia social y soberanía, a la medida del
hombre nuevo que pregonaba el Che.
En
esta dialéctica que significa la superación del país oligárquico,
nuevas formas de pensar la nación y las relaciones sociales,
emergen, especialmente en esta época de crisis mundial del
capitalismo cuyo desenlace no se puede prever. Es ahí donde renace
la utopía, y a eso conduce la profundización del camino hacia una
nación políticamente soberana, socialmente justa y económicamente
libre. El contexto latinoamericano está señalando la búsqueda de
nuestros pueblos por construir modos de organización social,
política y económica propios, de acuerdo a sus necesidades
históricas, sin esquemas importados.
“O
inventamos o erramos”, sigue siendo nuestro desafío como
latinoamericanos. La superación del neoliberalismo y la dependencia
nos lleva a una nueva etapa en la que tenemos que ser capaces de
darnos cuenta de cuáles son las nuevas disyuntivas que se nos
presentan. Es en ese punto donde pretendemos cumplir una tarea
ideológica, y es ahí cuando, desde nuestra posición, soñamos con
que el socialismo nacional y el del siglo XXI presten sus nombres
para el próximo desafío.
SECRETARÍA
POLÍTICA – julio de 2011
CORRIENTE
POLÍTICA ENRIQUE SANTOS DISCÉPÓLO
¡LEA
SEÑALES
POPULARES¡
ENCONTRALO
EN PJE. RIVAROLA 154 (entre PERÓN y Mitre)
Ciudad
de Bs.As.
Centro
Cultural E. S. Discépolo
4372-2358
No hay comentarios:
Publicar un comentario