¿QUÉ
ES EL MODELO?
¿QUÉ
SIGNIFICA
PROFUNDIZAR EL MODELO?
Aportes
a la esperanza nacional y a la militancia popular desde la
Corriente
Política Enrique Santos Discépolo
©
Centro Cultural Enrique Santos Discépolo, 2011
Hecho
el depósito de la ley 11723
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al Centro Cultural
Ilustración
de tapa: Ricardo Carpani
Cuadernos
de la Secretaría Política de la CPESD: LEON POMER, HORACIO CHITARRONI, DIEGO ESTRADA, HUGO RODRÍGUEZ, JAVIER AZZALI.
Secretario
General: Norberto Galasso
Horacio
Chitarroni/León Pomer/Javier Azzali/Diego Estrada/Hugo Rodríguez
¿QUÉ
ES EL MODELO? ¿QUÉ SIGNIFICA PROFUNDIZAR EL MODELO? Aportes a la
esperanza nacional y a la militancia popular desde la Corriente
Política Enrique Santos Discépolo
Una
nueva etapa
La
cuestión nacional que atraviesa toda nuestra historia y separa la
calle en dos veredas, implica una doble característica: la defensa
de la soberanía, que es la lucha por la independencia económica
frente a los poderes financieros extranjeros y la justicia social en
el orden interno. También implica la necesidad de luchar por la
reunificación de Nuestra América, lo que significa adoptar una
posición antiimperialista.
Entre
1976 y 2002 nuestro país sufrió, de diferentes modos, el dominio
del neoliberalismo, en donde los grandes poderes económicos de
carácter transnacional, junto con las oligarquías locales,
sometieron el Estado a sus intereses en desmedro de las mayorías
populares. Una política de destrucción de las instituciones
públicas, de abandono por parte del Estado de sus funciones sociales
y económicas, de ajuste, desindustrialización, especulación
financiera, endeudamiento estatal y recesión ahondó la dependencia
del país frente al capital extranjero dictada por el Consenso de
Washington y los planes impuestos por el FMI. El país fue
descapitalizado y la nación desintegrada en los hechos.
Alcanza con recordar el Plan Dornbusch (2002), que proponía que
nuestro país fuera una especie de protectorado bajo el control de
tecnócratas extranjeros.
Desde
el 2003 en adelante, se abrió una nueva etapa. Los
gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández –aunque no
lograron eliminar totalmente las huellas de ese pasado reciente–
abrieron el camino hacia la afirmación nacional y la justicia social
con la implementación de un programa de gobierno que dio lugar a lo
que se conoce hoy como “el modelo”, y que actualmente recibe el
apoyo de la mayoría de la población: rechazo al ALCA, unidad
latinoamericana, liberación de condicionamientos del FMI y del
Consenso de Washington, plena vigencia de los derechos humanos,
reemplazo del modelo económico especulativo por otro con énfasis en
la producción y el crecimiento del PBI, importante disminución
de la desocupación y la pobreza,
recuperación de los aportes previsionales de los trabajadores (que
antes eran capturados por el poder financiero a través de las AFJP),
la Ley de Medios Audiovisuales y la lucha por su efectiva
implementación, el recupero del rol del Estado en diversas áreas,
reconquista de derechos laborales mutilados, incorporación masiva de
trabajadores a los beneficios de la jubilación, apropiación y
desviación hacia la inversión social de la renta agraria
diferencial, fueron las medidas más importantes.
Antes
éramos
un país ficticio, hoy somos un país real porque hemos recuperado la
capacidad de implementar una política nacional –que,
como decía Jauretche, es aquella que dirige el destino del país en
vinculación con los intereses de las masas populares–
y la independencia económica. Mientras aún hoy, en un clima de
crisis mundial, perdura el neoliberalismo en Europa y Estados Unidos,
en Nuestra América los pueblos se unieron en apoyo de gobiernos que
coincidieron en oponer a las pretensiones del imperialismo
proyectos nacionales, populares y democráticos y, especialmente, con
una clara búsqueda de la unidad latinoamericana: nunca como en
ninguna otra época hubo tanta Patria Grande, para retomar la senda
abierta a principio del siglo XIX por Bolívar, Artigas y San Martín.
La lucha por la segunda y definitiva independencia continúa porque,
como dijo nuestra presidenta, Cristina Fernández: “argentinos,
tenemos patria”. Y este es el hecho fundamental de nuestro tiempo.
¿Qué
es el modelo?
Lo
que hoy se denomina “el modelo” es un conjunto de políticas
encaminadas a propiciar el fortalecimiento de un capitalismo de base
nacional, que busca incluir a los 40 millones de habitantes, con eje
en el desarrollo interno y con creciente autonomía frente a los
poderes económicos internacionales. No aislado de los mercados
externos pero fuertemente reorientado hacia la región y los países
llamados emergentes, como China e India. Superador del modelo de país
basado en la producción primaria –el “granero del mundo”
hegemonizado por las oligarquías locales, que muchos echan de menos
y los editoriales de La Nación evocan con nostalgia–
del que surge la contradicción principal dada entre las fuerzas
nacionales y las oligarquías financieras, agroexportadoras y
terratenientes.
En
forma similar a lo sucedido en los primeros gobiernos de Perón, con
“el modelo” el país se encamina hacia un desarrollo capitalista
de carácter nacional y autónomo, en el que el Estado se apropia de
una parte de la renta agraria diferencial (hoy dada por la soja
principalmente) -lo que implica una afectación parcial de la
propiedad de los sectores dominantes- y una creciente intervención
estatal para la reconducción del ahorro interno hacia el crecimiento
del país, el aumento de la inversión pública y la recuperación de
algunas empresas de servicios. El
Estado reasume así un rol regulatorio y orientador de la economía,
impulsa la demanda agregada, protege el mercado interno y arbitra la
puja entre el capital y el trabajo a favor de este último factor.
Todo
ello, junto con la ejecución de políticas de inclusión social,
recuperación de derechos de los trabajadores y distribución de la
riqueza. “El modelo” es por sobre todo la búsqueda de un camino
propio, guiado por el interés nacional y no un esquema importado
desde los centros de poder del capitalismo mundial, como lo fue el
neoliberalismo.
La
disyuntiva histórica
La
disyuntiva en que nos encontramos los argentinos hoy, no es más que
la reactualización de lo que Raúl Scalabrini Ortiz, desde FORJA,
llamaba las “dos rutas mayo”, es decir las dos alternativas de
desarrollo que hemos tenido desde nuestro origen como país. La
supremacía de la política sobre la economía, es decir del poder
estatal frente a las oligarquías y al capital concentrado y
extranjero, es el gran avance logrado como expresión de la soberanía
popular y la autodeterminación nacional que abrió paso al modelo de
país que la presidenta Cristina Fernández define como de
“estructura productiva diversificada con eje en el mercado interno
con inclusión social”, de soberanía nacional y de unidad
latinoamericana.
Se
trata de un País para
todos
a favor de la Patria Grande, por eso es un proyecto nacional (por
soberano), popular (por la búsqueda de la justicia social),
democrático (por el modo y la ampliación de la participación
política igualitaria), federal (por la búsqueda de la integración
equilibrada de todas las regiones del país) y latinoamericano (por
la vocación de unidad continental). El éxito en el logro de esa
transformación del país dependerá de la consolidación del frente
nacional bajo el liderazgo de la presidenta. El carácter
policlasista de este frente lo otorga la concurrencia de diferentes
sectores políticos y sociales que, deben priorizar la unidad para
lograr el cambio.
El
sustento económico del modelo
En
una breve síntesis y en términos de su sustento económico, el
modelo de desarrollo adoptado puede ser caracterizado por:
1)
El
mantenimiento de un tipo de cambio competitivo y alto, que otorga
ventajas a la producción nacional en un sostenido proceso de
sustitución de importaciones, de manera que la industria recobre
gradualmente un protagonismo en el crecimiento y la generación de
empleos como no lo había tenido durante muchas décadas.
Ello
fue
posible mediante las intervenciones del Banco Central en el mercado
cambiario, comprando divisas que permitieron, aumentar fuertemente y
a un nivel sin precedentes las reservas internacionales.
Estas
políticas se vieron favorecidas por las condiciones externas
favorables -utilizadas
por el actual gobierno y el precedente en beneficio de las mayorías
populares y no solo de los exportadores- consistentes en una
demanda mundial sostenida y precios muy altos de los productos
primarios que exporta Argentina, con un horizonte de largo plazo
determinado por el aumento del consumo por parte de países como
India y China.
Eso
desahogó el sector externo, generando un elevado ingreso de divisas,
a lo que el gobierno argentino sumó la firme voluntad política de
implementar un sendero de desarrollo que permitiera superar las
secuelas de la grave crisis mundial, impulsando la demanda agregada y
protegiendo el nivel de empleo.
2)
La implementación de las retenciones a las exportaciones primarias,
que hicieron posible atemperar el efecto de los altos precios
internacionales de los bienes primarios sobre la producción local,
al tiempo que fueron decisivas para aumentar los recursos tributarios
(también incrementados por la mayor recaudación por IVA y ganancias
debida al fuerte crecimiento económico).
El uso de los derechos de exportación e importación, en la
práctica, equivale a una política de cambios diferenciales en ambos
rubros, lo que permite mantener un dólar alto para alentar la
producción local de manufacturas, limitando, a su vez, los altos
ingresos de los exportadores de bienes primarios (granos, cereales,
carnes y minerales). Se reedita, a su modo, la estrategia
implementada por los gobiernos de Juan Perón, como forma de encarar
un desarrollo nacional con énfasis en la industria, alto nivel de
empleo y redistribución del ingreso, partiendo de una estructura
socioeconómica que se caracterizaba por el pronunciado desequilibrio
macroeconómico en términos de productividad entre el campo y la
industria.
3)
Todo ello permitió que la Argentina contara desde 2003 con superávit
gemelos: externo y fiscal, dejando de lado las restricciones propias
de las políticas económicas del pasado. Durante largo tiempo, cada
vez que la economía y el consumo interno crecían y aumentaba la
producción industrial, esta actividad demandaba ingentes divisas
para importar insumos, creando situaciones de déficit externo que se
solucionaban con planes de ajuste tendientes a deprimir el consumo
interno y devaluaciones abruptas destinadas a estimular las
exportaciones primarias a la par que ahogaban la producción
industrial local dado su bajo nivel de integración nacional. O bien
con endeudamiento ilimitado como ocurrió en el pasado más reciente.
Asimismo, cuando el gasto público aumentaba se generaban recurrentes
desequilibrios fiscales que debían ser cubiertos con emisión. Ambas
situaciones se conjugaban para impulsar una inflación crónica que
se mostraba resistente a las más severas recetas de ajuste y
solamente abatida en forma temporal durante la convertibilidad al
precio de naturalizar una tasa de desempleo de dos dígitos.
4)
Al mismo tiempo, desde 2003 se alentó fuertemente la actividad
productiva a través del aumento de la inversión pública –que
fortaleció a la construcción y a la industria a través de la obra
pública– y se impulsó el consumo interno mediante el incremento
del salario mínimo vital y móvil y de las jubilaciones, así como
la moratoria previsional. Más recientemente, la asignación
universal por hijo se sumó a estas medidas destinadas a la inclusión
social y el fortalecimiento de la demanda interna.
5)
Con estas políticas heterodoxas de expansión, el país dejó de
estar en la mira del capital externo como en otras épocas, por lo
que debió y pudo financiar su propio crecimiento con ahorro interno.
Sumado a esto, el hecho de que el consumo interno se constituyera en
el principal motor de la economía y que el aumento de la inversión
pública actuara como política contracíclica, en esa etapa adversa,
permitió que el país minimizara el impacto de la crisis mundial en
su momento de auge, evitando así mayores daños.
6)
El otro pilar fundamental del “modelo” fue el desendeudamiento:
el peso de la deuda pública se redujo a una tercera parte de lo que
había llegado a ser en términos del PBI. Eso fue posible con una
quita de magnitud sin precedentes en la historia, la cancelación
total de lo adeudado al FMI y el pago con reservas, que liberó
recursos para el gasto público y social. Esto último contrariando
la opinión de los economistas ortodoxos, para quienes el Banco
Central solo debe ocuparse de cuidar la estabilidad monetaria.
¿Qué
significa profundizar el modelo?
El
interrogante acerca del significado de la profundización del modelo,
adquiere centralidad en la nueva etapa histórica en la que los
argentinos ingresamos. Muchos hablan de apoyar al proyecto nacional
pero no todos le dan el mismo significado, por lo que se torna
imprescindible, para las mayorías populares, avanzar en precisiones
que sirvan de orientación. A través de este documento, la Corriente
Política Enrique Santos Discépolo se propone aportar a este debate.
Desde
el editorial de Señales Populares de julio 2009 señalábamos acerca
de la necesidad de avanzar más en el camino liberador: “Como
decía Manuel Ugarte: ’Nada hay más peligroso que los cambios a
medias’. Porque el enemigo percibe que están yendo por sus
privilegios y reacciona más rápidamente que los amigos que serán
beneficiados por el cambio. De ahí que la profundización de las
medidas transformadoras resulte imprescindible. Y para ello es
preciso construir el gran Frente de Liberación Nacional sustentado
fundamentalmente en los trabajadores, pero no sólo en sus votos,
sino en su presencia en las calles, en la movilización popular, como
así también la elevación del debate ideológico que destruya las
falsedades y mitos de toda clase difundidos por la propaganda
mediática, como asimismo plantar un proyecto claro y contundente
apelando a los mejores cuadros del campo nacional”.
La
consolidación del Frente Nacional es estratégica porque profundizar
el modelo es superar las contradicciones en el seno del pueblo del
modo más transformador posible, evitando al mismo tiempo cualquier
aprovechamiento reaccionario por volver al pasado reciente. Como el
debate ideológico ocupa ya un rol fundamental, desde la Corriente
Discépolo encontramos necesario intentar precisar cuáles serían, a
nuestro juicio, las
tareas que constituyen
objetivos
estratégicos para el proyecto nacional,
algunas de concreción más rápida y otras probablemente a más
largo plazo, que harían avanzar en forma irreversible el actual
proceso en un rumbo de fortalecimiento nacional y de justicia
social. No hay dogmatismo ni principismo en esto, sino por el
contrario, la vocación de aportar a la lucha de ideas necesaria para
darnos cuenta en qué momento de la historia nos encontramos y hacia
dónde podemos ir, con la certeza de que la tarea involucra tanto a
la conducción del Estado como al movimiento nacional y de que, como
dicen las Madres de Plaza de Mayo, la única lucha que se pierde es
la que se abandona. Esos objetivos estratégicos, a nuestro entender,
son:
1)
La unificación de América Latina.
La
tarea histórica fundamental de nuestro tiempo es concretar la
anhelada unidad latinoamericana y dejar de ser los Estados desunidos
de América del Sur. Así como nunca hubo tanta disposición a la
unidad como en la actualidad, con la UNASUR hemos creado el
instrumento para concretarla. Hay
que avanzar en la integración regional fortaleciéndola y realizando
el demorado proyecto de un Banco del Sur para movilizar los recursos
propios y promover el desarrollo sin depender del capital externo,
posibilitar la
interconexión de las diferentes regiones del continente (unificando
de hecho el territorio), y avanzar decididamente en la integración
energética.
También sostener y aumentar los proyectos de inversión promovidos
por la UNASUR que, dado su potencial financiero, serían
fundamentales para la promoción de una infraestructura de magnitud y
de base al servicio del desarrollo productivo interno. En
lo inmediato, lo importante sería prescindir del dólar en el
comercio intrarregional, mediante el establecimiento de un sistema
multilateral de pagos con monedas locales y, solo a largo plazo –dada
la experiencia negativa de la Comunidad Económica Europea–, cuando
las asimetrías entre los países hayan sido superadas o atenuadas,
pensar la viabilidad de una sola moneda.
La
única revolución posible en nuestro continente es la unidad
nacional latinoamericana, en un camino de autodeterminación
económica, política y cultural: ese es el rumbo que estamos
comenzando a transitar junto con el resto de los países hermanos,
aún con la originalidad y especificidad de cada país y de cada
gobierno.
Además, en la nueva geopolítica latinoamericana, nuestro país
podría cumplir la función de centro abastecedor de alimentos del
continente.
La
profundización de políticas nacionales consecuentes con los
intereses populares seguramente dará lugar a fuertes presiones
internacionales, en particular por parte de los países centrales,
como les ocurre actualmente a Hugo Chávez en Venezuela, a Evo
Morales en Bolivia y a Rafael Correa en Ecuador. Para fortalecer la
defensa de las mismas, se hace imprescindible la consolidación de la
Junta de Defensa
ante cualquier prepotencia imperialista y la denuncia del TIAR, lo
que crearía condiciones para eliminar definitivamente la Doctrina de
la Seguridad Nacional de nuestras fuerzas armadas y contribuiría a
dar cobertura al
proceso integrador que es, en definitiva, el único modo de resistir
el probable intervencionismo de las potencias hegemónicas.
2)
La
Organización política de las mayorías populares con protagonismo
de los trabajadores y las juventudes, para
consolidar
el Frente Nacional.
Es
esta tal vez la principal tarea del movimiento nacional en el plano
interno: la construcción de
poder popular, de abajo hacia arriba con relaciones horizontales, más
allá de los aparatos y los acuerdos de cúpula, para que desde las
bases surja un mandato nacional, popular y democrático con la
suficiente fuerza como para impulsar la renovación de cuadros
dirigentes de ideología conservadora que aún perduran, tanto a
nivel municipal como provincial, y que solo la organización desde el
pie los sustituirá. El rol de las mayorías populares en el frente
de liberación está en dar la base de sustentación a la
redistribución de la riqueza y la puja entre capital y trabajo, la
justicia social y los reclamos democráticos desde una posición
antiimperialista: es tarea fundamental de los trabajadores lograr una
mayor organización política y conciencia nacional y popular, para
lo cual la formación de cuadros es tarea ineludible. Ello es también
la auténtica garantía para la sucesión presidencial y la
profundización y continuidad del proyecto nacional tras el segundo
mandato de Cristina. El fortalecimiento de los
trabajadores (tanto urbanos como rurales) y su organización política
son estratégicas para orientar el contenido popular del frente
nacional. Para ello es necesario que las organizaciones populares y
de los trabajadores avancen desde una conciencia gremial y sectorial
a una conciencia política de carácter nacional.
3)
La
nacionalización de la economía.
Es
un objetivo estratégico profundizar la nacionalización de la
economía como único modo de que el excedente socialmente producido
sea reconducido al servicio del interés nacional y la justa
distribución de la riqueza; en especial respecto del aparato
productivo, que hoy todavía se encuentra mayormente en manos del
capital extranjero, hay que avanzar en su desconcentración y en la
planificación de la economía en general a partir de un rol
protagónico del Estado. Uno
de los resultados más nefastos para los intereses nacionales, como
consecuencia de las políticas neoliberales aplicadas desde la
década del 70 en adelante, fue el gran predominio que adquirió en
nuestra economía el gran capital trasnacional –principalmente por
intermedio de las corporaciones. Desde 2003 se han dado pasos
fundamentales tendientes a construir una economía nacional, pero aún
es imperioso limitar el poder del capital extranjero por varias
razones. Por un lado, por la capacidad desestabilizadora que podrían
ejercer sobre el gobierno nacional y popular unas corporaciones
dotadas de tanto poder económico. Y, por otro lado, debido a la
importante sangría de recursos que significa el flujo de ganancias
empresarias hacia el exterior (las declaradas y también las
ocultas). Para ello se hace necesario fortalecer a los sectores
empresarios nacionales –en particular las pequeñas y medianas
empresas y los actores de la economía social– así como
incrementar la capacidad empresarial del Estado, de modo que puedan
gradualmente aumentar su presencia en las áreas productivas
estratégicas que hoy hegemonizan los capitales extranjeros.
Hay
que reformar la ley de inversiones extranjeras –que viene de la
dictadura– discriminando a favor del capital local y distinguiendo
sectores estratégicos que deben ser estimulados y requieren estar en
manos nacionales. Con este sentido, hay que denunciar el tratado de
protección recíproca de inversiones firmado por el gobierno de
Menem con los Estados Unidos (ley Nº 24.124) porque contiene
cláusulas sumamente inequitativas para nuestro país y somete la
solución de controversias al CIADI (Centro Internacional de Arreglo
de Diferencias Relativas a Inversiones), institución al servicio de
los países centrales, con la que Argentina tiene una nefasta
experiencia a raíz de las demandas iniciadas por los
ex-concesionarios de empresas privatizadas. No
se pretende expulsar a las inversiones extranjeras, pero lo que se
debe lograr es que en nuestro país el rol dominante lo tengan las
empresas nacionales –así caracterizadas por estar al servicio del
interés nacional y no como socios menores del capital transnacional–
y el sector público. Para lograr esto será necesario que el Estado
profundice en el desarrollo de sus capacidades e instrumentos de
intervención para poder asumir directamente las responsabilidades
que devuelvan el control de la economía nacional a los argentinos.
Sobre ello tratan también los siguientes puntos.
4)
La
desprimarización de la economía y la diversificación de la
estructura productiva.
Hay
que sostener el rumbo económico vigente, fortaleciendo el desarrollo
industrial con creciente integración y diversificando las
exportaciones con mayor valor agregado, porque los precios
internacionales de las materias primas son fluctuantes y podrían
retroceder. Ello es esencial para poder mantener el doble equilibrio
fiscal y externo. Es crucial el papel que en ese sentido debe jugar
la industria nacional: el gobierno ya ha dado pasos implementando
créditos blandos a través de la banca pública y protegiendo el
mercado interno mediante las licencias de importación no
automáticas. El Plan Estratégico Industrial que prevé como meta
para 2020 duplicar el PBI del sector es un paso importante en esa
dirección. Es preciso profundizar
la expansión de la economía y la demanda porque de ese modo se
fortalece el desarrollo con eje en el mercado interno. El objetivo
estratégico es que alguna vez la actividad industrial sea la que
subsidie a la agrícola tal como ocurre en países con economías
poderosas (como dijo la presidenta), para lo cual se requiere la
creación de un Banco Nacional de Desarrollo con el fin de sustentar
y promover la producción nacional. Es necesario, asimismo,
profundizar políticas y leyes antimonopolios con la finalidad de
reducir el elevado grado de concentración que registra la industria,
en especial en la provisión de artículos de primera necesidad –como
es el caso de los alimentos–o
de insumos básicos –como lo es el del acero. Hay que modificar la
ley de patentes de invención, promulgada bajo el gobierno de Menem,
que por otra parte es necesario armonizar con la de los miembros del
Mercosur, especialmente con Brasil, cuya ley protege mejor que la
nuestra a la industria local.
5)
El control nacional de los recursos estratégicos.
Es este un objetivo geopolítico en el escenario mundial de crisis
del capitalismo, de crecimiento demográfico y de la demanda de
energía y alimentos. Es estratégico que los hidrocarburos, el
acero, la siderurgia, la minería y las nuevas tecnologías estén
bajo control nacional; mientras tanto, hay que imponer restricciones
y retenciones a la exportación de minerales. Es imprescindible
profundizar la diversificación de la matriz energética. No puede
permitirse que continúe la exportación de hidrocarburos sin
asegurar las reservas mediante nuevas prospecciones, a riesgo de
precipitar una crisis energética en el futuro. Los
recursos naturales son patrimonio del conjunto de los argentinos por
lo que hay que superar la denominada “provincialización”, tal
como lo disponía la Constitución de 1949 en cuanto a la
nacionalización de los recursos del subsuelo. Lo mismo cabe decir de
la propiedad de la tierra (recurso estratégico, escaso y cuyo uso no
admite la competencia), respecto de la cual aquella carta magna
asignaba al Estado Nacional la incumbencia de fiscalizar su
distribución y utilización.
Hay que implementar un Plan Nacional Agropecuario bajo el mando y
planificación del Estado nacional, y para ello hay que derogar y
modificar todo el andamiaje legal heredado anterior a 2003. Hay que
impulsar –como lo pidió la presidenta– una ley que preserve la
propiedad de la tierra en áreas de frontera. Es
estratégico avanzar, mediante la planificación estatal, en la
reversión de la extranjerización de la propiedad y tenencia de la
tierra, así como en su
desconcentración, y someter a la clase terrateniente, los pooles
de siembra y el capital extranjero, con la implementación de formas
de arrendamiento y producción que favorezcan a los pequeños
productores y a la agricultura familiar y comunitaria. Debe
procurarse el ordenamiento territorial del país y la defensa del
medio ambiente urbano y rural (controlando y limitando la polución
atmosférica, la contaminación de las aguas, cuidando la defensa de
los bosques, el reciclado de residuos urbanos y su utilización
industrial, etc.). Respecto de la minería a cielo abierto, y en lo
que atañe a defensivos agrícolas como el glifosato, son necesarias
políticas de control más vigorosas por parte del Estado Nacional,
que estén destinadas principalmente a prevenir el daño y, en su
caso, tiendan a reparar el mismo cuando éste ya se haya
materializado.
6)
El Estado como regulador de la economía y la producción.
Hay
que avanzar en el recupero de lo que fue el patrimonio público –como
ya se lo hizo con el Correo Argentino, Aerolíneas y AYSA. Hay que
recuperar la petrolera estatal y avanzar en la reconstrucción,
modernización y desarrollo de la red ferroviaria, la que debería
volver a manos del Estado y extenderse en forma igual y en red por
todo el territorio abandonando definitivamente la forma de abanico
hacia el puerto de Buenos Aires. Hay que desarrollar la industria
naval, la fabricación de aviones y helicópteros civiles y militares
e impulsar la transformación definitiva del Estado como instrumento
de defensa de los intereses nacionales y los sectores populares.
También la creación de empresas estatales en áreas fundamentales
de la economía, reeditando aquella poderosa franja de empresas
estatales del peronismo histórico.
La
expansión de la presencia del Estado se articula estrechamente con
la posibilidad de estimular el desarrollo de las empresas nacionales
en la industria y también en los servicios. Ello puede hacerse a
través del compre nacional, discriminando a favor de las empresas de
capital local en las adquisiciones y contrataciones del sector
público. En 1973 se creó una Corporación de Empresas Públicas
que, entre otras funciones, contemplaba la coordinación de estas
acciones.
Asimismo
es preciso avanzar con la regulación normativa de todas las áreas
económicas para que nada quede librado a las imposiciones del
mercado y el capital extranjero.
Se
debe ampliar
la producción nacional de medicamentos a cargo de laboratorios del
Estado, los ya existentes y los que sea necesario crear,
contribuyendo al abaratamiento de los productos. Sería fundamental
procurar el trabajo conjunto con Brasil en esta área y en la energía
atómica para su utilización en finalidades médicas. Hay que
modificar la ley de Transferencia de Tecnología (Ley Nº 22.426),
heredada de la dictadura cívico-militar (Martínez de Hoz), cuya
excesiva liberalidad es una invitación a que las corporaciones
multinacionales lleven a cabo escandalosas maniobras para fugar
capitales al exterior disfrazadas de pagos de “regalías” por
tecnologías, en muchos casos, inexistentes. También,
la Ciencia
y el desarrollo de la Tecnología deben ser actividades al servicio
de las necesidades concretas del país, el interés nacional y la
defensa de la soberanía. El uso y desarrollo del conocimiento es la
clave del crecimiento económico y la autodeterminación nacional
para el siglo XXI por lo que es también un objetivo geopolítico. La
inversión pública en ciencia y tecnología debe financiarse con
recursos genuinos propios y no con créditos del BID o aportes de
empresas privadas, que condicionan los planes nacionales en la
materia y disputan las patentes de los descubrimientos logrados.