viernes, 8 de julio de 2016

La presidencia de De la Rua y el fracaso de la Alianza


El cambio de gobierno del 10 de diciembre de 1999 genera la esperanza de un cambio de rumbo general, tras una década de políticas que llevaron al país a acentuar su dependencia, con la destrucción del patrimonio público, reducción del trabajo, cierre de fábricas, crecimiento de la deuda externa, y una miseria generalizada. La Alianza, integrada por la Unión Cívica Radical y el Frente para un País Solidario, derrota al Partido Justicialista que postulaba a Eduardo Duhalde a presidente, con el 48,5% contra el 38% de los votos. Pero pese al gran apoyo electoral logrado, el nuevo gobierno carece de un programa de país de soberanía nacional y justicia social que permita revertir el presente oscuro, y la asunción de la fórmula presidencial ganadora Fernando De la Rúa-Carlos “Chacho” Álvarez solo va a significar el fin del ciclo menemista sin que interrumpa las políticas de ajuste. Al contrario, éstas se profundizan mediante la represión contra la protesta social y sindical.
El Frente Grande liderado por Álvarez ofrecía un perfil más progresista pero la derrota en la interna lo dio la supremacía al conservador De la Rúa, reduciendo el programa a una administración prolija y honesta de la economía con eje en la convertibilidad del peso con el dólar. La crisis económica, política y social es inevitable. “A mí me tocó el epígono de una política de desastre y de endeudamiento” diría un reflexivo De la Rúa años más tarde.
La gestión comienza con dos muertes en el puente de Corrientes y otra más en Salta a causa de la represión policial contra la protesta, como funesto pronóstico de la masacre que ocurriría en diciembre de 2001. También movilizaciones sindicales y de piqueteros serían reprimidas. Una denuncia de pago de coimas a senadores para la aprobación de una ley de flexibilización laboral, detona el escándalo de “la Banelco” y, ante la actitud complaciente de De la Rúa, termina provocando la renuncia a su cargo del vicepresidente Álvarez, y limando aún más la base social del gobierno.
Un episodio lamentable para el país fue el voto argentino contra Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, desertando de la histórica posición abstencionista, lo que motivó el epíteto de “lamebotas” al gobierno argentino de parte del líder cubano Fidel Castro. Con la crudeza propia de la verdad bien dicha, pronosticó que al país “no lo salva el lacayismo, no lo salvan los 40 mil millones de ese blindaje”.
La deuda externa se consolida con nuevos pagos y créditos obtenidos con tasas cada vez más altas, a cambio de la exigencia del FMI de la implementación de políticas de ajuste fiscal que agravan la recesión. Para peor, como salida el gobierno le ofrece el ministerio de economía a un viejo conocido de los argentinos….y del capital financiero: Domingo Cavallo. De esta manera, el “padre de la criatura”, o sea del programa económico del menemismo, asume otra vez a propuesta de los grupos concentrados y con el consentimiento de la mayoría de la clase política. La continuidad es ahora, total.
Domingo Cavallo, quien parece conducir realmente al gobierno, anuncia un nuevo plan de ajuste con una inédita rebaja de sueldos en la administración pública y de jubilaciones, y la ley de déficit cero, por la cual el Estado no puede gastar más de lo que recauda, en el contexto de una grave recesión y caída del consumo. Proyecta ampliar la convertibilidad al Euro –que circularía a partir del 1 de enero de 2002- con lo que se ofrecía a un nuevo amo, el banco central europeo; pero fracasa. Entonces, en connivencia con David Mulford, ex secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Cavallo diseña el “megacanje” para evitar la cesación de pagos, postergando el plazo para el pago de títulos de deuda externa por medio de un canje a una tasa de interés mucho más alta y comisiones millonarias a los bancos colocadores. Años después, Cavallo sería enjuiciado penalmente por el delito de "negociaciones incompatibles con la función pública", por favorecer en esta operación a un grupo de bancos –los Galicia, Santander, Francés, Credit Suisse, First Boston, HSBC, JP Morgan y Salomon Smith Barney-, aunque resultaría absuelto por falta de pruebas suficientes. Los títulos de deuda entregados quedarían, años después, en poder de los fondos buitres con el fin de litigar contra el país en la justicia de Nueva York.
El presidente muestra una actitud llamativamente desconectada de la realidad nacional y no da indicios de respuesta. Su imagen se deterioran sin retorno mientras los indicadores sociales empeoran en la comparación entre 1999 y 2001: la población considerada pobre asciende del 26,7% a 35,4% y la indigente del 7,7% a 12,2%.
A solo dos años de haber asumido, el gobierno de la Alianza pierde totalmente su apoyo social, se desintegra como coalición política y el repudio es generalizado. Las elecciones legislativas del 14 de octubre de 2001 son un claro indicio de la crisis de representatividad política, la decepción y la bronca. Los votos en blancos y nulos suman el 23% y la abstención ascendió al 25%. Esta bronca expresa el rechazo a las decisiones de gobierno y sus consecuencias sociales desastrosas pero, al menos por ahora, sin encontrar cauce en un programa de salida nacional. La excepción la da el Frente contra la Pobreza de la Central de Trabajadores Argentinos cuando en una consulta voluntaria a favor de un seguro de empleo y formación de $380 junta 3 millones de votos, en noviembre. El corralito financiero, la rebaja de sueldos, la recesión, la miseria generalizada y un vació de poder, crean un ambiente que explotaría socialmente con el estado de sitio decretado el 19 de diciembre de 2001. La debacle del país sometido a una gravísima crisis social es inevitable y se acerca, peligrosamente, el fin del ciclo neoliberal como quien se aproxima al borde de un precipicio.
JA

Suplemento Cash de Página 12, 01-06-2001
Basualdo, Eduardo, “Estudios de Historia económica argentina” Sigo XXI editores, 2010.
Reportaje a Fernando De la Rúa por Jorge Fontevecchia, en Perfil del 28/05/2007

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