Ya es ley la declaración de interés público de la fabricación,
comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel para
diario. Su fin justo es desmonopolizar la actividad por medio de la
regulación estatal de la producción, la competencia, la no
discriminación, el libre acceso, la asignación eficiente de
recursos y la preservación del medio ambiente. Las audiencias
públicas celebradas el año pasado en la Comisión
de Comercio de la Cámara de Diputados de la Nación –con la
coordinación de la Diputada Juliana Di Tullio- protagonizaron un
hecho histórico de participación popular, en la misma línea
democrática del debate previo sobre la ley nacional de medios, y que
merece ser destacado ya que, por primera vez, se hicieron escuchar
con fuerza las agrupaciones de diarios del interior en su denuncia
contra el monopolio del papel prensa. Una de ellas decía: “Desde
la Capital Federal hay un concepto vago respecto de la existencia de
la prensa del interior de nuestro país. Se sabe que existen algunos
diarios, no se sabe cuántos ni de qué tiradas y poco de su rica
historia. Los diarios que conforman la Asociación de Diarios del
Interior, muchos de ellos más que centenarios, tienen un enorme
arraigo en su lugar de influencia y circulaciones muy importantes
que, en su conjunto, supera el millón de ejemplares diario. Además,
el índice de credibilidad y de localismo del que gozan es tan
significativo que se estima que en cada una de sus localidades entre
el 90 y el 95 % de los lectores de diarios, se informan a través del
medio local.” Esto pone de relieve la importancia de superar
el monopolio existente para el desarrollo cultural y democrático de
la totalidad del país, pero también renueva la mentada cuestión de
la “batalla de ideas”.
Sobre lo primero, la evolución del derecho
público se vincula en la historia del siglo XX latinoamericano con
el avance de los movimientos nacional populares. Estos, con sus
políticas, promueven un rol protagónico del Estado, como
herramienta para la igualdad social, a través de normas
antimonopolio, de expropiación por utilidad pública y de función
social de la propiedad privada. Hay una redefinición del concepto de
democracia en el que toda la actividad económica y jurídica es
legítima en la medida en que provea al interés público y al bien
común. Por eso el avance de nuestro tiempo histórico es por el
camino de la democracia social contradiciendo a la concentración
monopolista y extranjerizada de la actividad económica. El
grupo Clarín –con un capital social de 12 mil millones de dólares
en el 2010- es dueño del paquete de acciones mayoritario, y a la vez
del diario de mayor tirada del país, de los grandes diarios
provinciales (La Voz del Interior, La Gaceta de Tucumán, Los Andes),
de más de doscientos canales de televisión, canales de aire, de
empresas proveedoras de Internet, y de agencia de noticias. Se
destaca también la participación de Goldman Sachs en el 18% de las
acciones del grupo, corporación financiera que controla el sistema
financiero neoliberal de Europa, y que es tan poderosa que
últimamente ha logrado colocar al máximo directivo del banco
central de la eurozona, por lo que la connivencia entre el capital
financiero extranjero y el monopolio mediático en nuestro país es
un hecho de poder de público conocimiento.
Entonces, llegamos a la segunda cuestión. Es viable suponer que el
poder económico que da esa posición de control de la producción
del papel para la prensa se traduce en influencia y control de ideas,
a partir del cual se busca imponer un único relato sobre la
realidad, que responda a los intereses económicos dominantes. La
existencia de esta hegemonía ideológica se advierte en nuestra
historia reciente en enunciados tales como que “achicar el estado
es agrandar la nación” y especialmente en un fuerte estigma
antiobrero y antisindical que es posible verificar en los grandes
medios. La construcción de una idea fuerza que identifique a la
nación con lo popular y que reivindique las luchas del pueblo a lo
largo de la historia, es la esencia de esa disputa cultural e
ideológica.
El uso de palabras como nación, pueblo, antiimperialismo,
antioligárquico, o términos como lucha de clases y cuestión
nacional, indican la existencia de una etapa de cambio cultural. La
reivindicación de la dimensión política del interés público
recrea un concepto de democracia de base social ampliada. Pero, a
diez años de diciembre de 2001, el neoliberalismo, pese a haber sido
puesto en crisis, aún sobrevive en las diversas formas de
individualismo egoísta y concepciones antipopulares. Es cierto que
nada garantiza que la desmonopolización por sí sola abra cauce a
una cultura democrática y popular: de poco serviría ampliar la base
social de la comunicación si todas las voces finalmente reproducen
una misma conservadora visión de mundo. Pero es difícil suponer su
superación sin la democratización de los medios de comunicación.
No hay comentarios:
Publicar un comentario